Para EH Bildu, ha dicho Adolfo Araiz, esta es «una regulación más flexible para disponer de una policía integral y de referencia, con más competencias para sí» y sin embargo la ley de 2015 en materia de jornada y horarios «tiene un régimen excesivamente rígido, cuando no inamovible, porque lo que no se pueden adapta los calendarios a las necesidades operativas».

«Este es un proyecto ambicioso que, sin dejar de lado los derechos estatutarios, diseña un nuevo marco jurídico que permitirá unas policías de Navarra perfectamente integradas en las necesidades de nuestro tiempo», ha afirmado.

Y ha añadido que en materia de retribuciones, la ley de 2015 disminuyó diferencias retributivas sin aumentar la masa salarial, «pero esa limitación y su carácter reglamentista» ha incidido de forma negativa y además el complemento de trabajo «ha quedado reducido a cifras insignificantes».

Por eso la nueva proposición de ley «evita márgenes demasiado rígidos, mantiene la proporcionalidad y redefine los conceptos retributivos para ceñirlos a los de la actividad policial», ha subrayado Araiz, y citado puntos concretos en los que a juicio de EH Bildu mejora la situación sobre la actual.

Como «puntos críticos» a hablar ha admitido la regulación de los agentes municipales, hasta qué punto tienen la consideración de policías o no en derechos y deberes, para el que ha pedido realismo, y el grado de flexibilidad en la regulación de la actividad policial.

Patxi Leuza, de Geroa Bai, ha añadido que los grupos parlamentarios no pueden firmar acuerdos laborales pero sí favorecer el encuentro con la parte social, y «creemos que merece la pena» tras el intento fallido de 2017.

El tiempo, ha añadido, ha demostrado que la ley de 2015 necesita corregir apartados, «sin duda se puede hacer mejor y la intención de Geroa Bai es negociar con todos, pero la ley es necesaria para una policía más moderna, adaptada a los tiempos», también en el ámbito lingüístico.

Por Podemos, Rubén Velasco ha sostenido que esa ley «trata de vender como sea el carácter excepcional que tiende la Policía para poder establecer un régimen estatutario que permita separar sus condiciones laborales del resto, por supuesto para empeorarlas».

Ha negado además que sea una ley de Policías de Nafarroa ya que para Podemos es de la Policía Foral para lo retributivo, para el resto en lo laboral y para nada en lo que concierne a los agentes municipales.

Finalmente, EH Bildu y Geroa Bai «se ofrecen de Paladines» al Gobierno y negocian un texto con los «sindicatos corporativos de la Policía Foral y alguno de la Policía Municipal de Pamplona», centrales que conforman la mayoría y por este motivo Podemos no se opone a la tramitación «aunque esto parece más atado que la España que dejó Franco».

Por el PSN, Inmaculada Jurío ha indicado que su partido apoya la admisión a tramite de la proposición «por responsabilidad» pero «tiene un alto grado de coincidencia» con el proyecto de ley del Gobierno que el Parlamento rechazó, aunque sí cambian las condiciones laborales.

«Pero esto tiene muy poco que ver con el referéndum realizado» porque «para las mayorías hay que contar con toda las policías», ha precisado, y por eso ha considera el texto «como un punto de partido nuevo» y el momento «de transigir y acodar».

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha defendido la abstención de su coalición ante una normativa sobre la Policía Foral que en los últimos años «ha carecido de consenso político y sindical» y que ahora esperan que «se pueda alcanzar porque eso es lo que dará estabilidad jurídica y un cauce para fortalecer» al cuerpo autonómico.

Desde UPN, Sergio Sayas ha culpado a EH Bildu y Geroa Bai de la situación de la Policía hoy por su postura en la ley de 2015, contra Barcina y por revanchismo, mientras que a la consejera le ha señalado que «no puede continuar» después de «no ser capaz» de sacar adelante en 2017 una ley de Policías y porque además «ni tiene credibilidad ni el respeto de los cuerpos policiales».

Una dimisión que es «condición» para que UPN puede apoyar el texto final de la ley, junto a la reversión de los recortes y la retirada del plan director de Policía, aunque hoy se han abstenido para «facilitar el diálogo».

Por último, Ana Beltrán, PP, ha indicado que su partido se abstiene en el trámite para favorecer «una ley de consenso entre los miembros de la Policía Foral porque es imprescindible la estabilidad entre los policías, y esto pasa por unas condiciones de trabajo adecuadas».