Ya hay fecha para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dé a conocer su posición respecto a la trasposición en el Estado español de la directiva de la UE de 2008 que obliga a que las condenas cumplidas en un estado miembro se contabilicen como tiempo cumplido en relación al límite efectivo de cumplimiento de penas en otro. El TEDH sentenciará al respecto el martes 23 de octubre, tal y como ha informado a las defensas de los presos vascos.

Estrasburgo resolverá, en principio, en relación con cuatro de las alrededor de 40 demandas, las que primero se interpusieron y cuyos casos integran un primer grupo. Se trata de las planteadas por Santiago Arrozpide Sarasola, Kepa Pikabea, Francisco Mujika Garmendia y Alberto Plazaola.

La resolución judicial, que Iker Urbina, abogado de cuatro de los alrededor de 40 demandantes, confía que sea «positiva», marcaría «por lógica» el «devenir» del resto de casos. A pesar de ello, se mantiene una posición de prudencia hasta conocer los términos en que se pronuncie el TEDH.

El origen de las demandas se remonta a 2014, con la entrada en vigor de una ley que traspuso la directiva europea que permitía que, en el límite de condena del Estado español, se incorporase el tiempo de prisión cumplido en otros estados de la UE, sin superarlo. La Ley 7/2014 contiene una disposición adicional única que señala que «en ningún caso serán tenidas en cuenta» para su aplicación «las condenas dictadas por un tribunal de un estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010», fecha límite de trasposición de la norma europea.

Pese a ello, la Audiencia Nacional llegó a excarcelar a Santiago Arrozpide Sarasola y a Alberto Plazaola en aplicación de una interpretación de esa normativa de la UE. Sin embargo, posteriormente el Supremo español, que resolvió un recurso de Kepa Pikabea, determinó que la norma europea que prevé acumular penas cumplidas en la UE no debe llevar a la excarcelación de los presos vascos, al descontarles las condenas cumplidas en el Estado francés.

El Tribunal Constitucional no admitió a trámite las posteriores demandas de los prisioneros, lo que llevó a sus letrados a interponer, por separado, una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que comenzará a resolverse a finales de este mes.