En un comunicado, ELA ha expresado su alegría por la decisión del Tribunal de Cuentas del Estado español, al tiempo que se ha solidarizado con Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin, los responsables políticos que ordenaron paralizar la construcción de la incineradora de Zubieta.

La Fiscalía y los actuales responsables de GHK solicitaban a ambos acusados la devolución de un total de 45 millones de euros por presuntas «irregularidades» detectadas en las cuentas del ejercicio de 2012, cuando, según sus argumentos, «adoptaron la decisión de rescindir el contrato» de la incineradora de Zubieta «al margen del interés general».

No obstante, la sentencia del Tribunal de Cuentas considera que la instalación planificada «estaba sobredimensionada» cuando Errazkin e Intxaurrandieta firmaron el «acuerdo de resolución» del contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) contratista y recalca que su actuación al rescindir el contrato de estas infraestructuras no ocasionó «daño a los fondos públicos».

Actitud «denunciable»

Tras esta decisión el sindicato ELA ha destacado que quienes «han querido ahogar las alternativas a base de castigos son los que han perdido este juicio» y, en esa línea, ha insistido en que la actitud del Gobierno foral, en manos de PNV y PSE es «claramente denunciable».

«A partir de ahora, el objetivo debe ser parar la nueva incineradora», ha concluido la central sindical, animando a participar en la manifestación que se celebrará el próximo 27 de octubre en Donostia.