«Cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión, oficio o cargo por un periodo de seis años», por un delito de homicidio por imprudencia grave profesional, es la pena que la acusación particular de la familia Cabacas, ejercida por Jone Goirizelaia, pide para cada uno de los seis ertzainas acusados en el juicio por la muerte de Iñigo Cabacas que comenzará el lunes en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Quienes se sentarán en el banquillo son el oficial Juan José de Pablo (nº profesional 3389), que el 5 de abril de 2012, fecha en la que un pelotazo en la cabeza hirió mortalmente a Iñigo Cabacas, era el responsable del «sector 1» donde se produjeron los hechos. Según la jueza instructora, Ana Torres, permitió primero «con total inacción» que «los agentes disparasen con pelotas a pesar de no cumplirse las condiciones para hacer uso de tal material, generando un riesgo inadmisible». Esta actuación se agravó después al dar «la orden de cargar cuando se dirigían al callejón».

Le acompañarán ante el tribunal los suboficiales Kepa Muriel (nº profesional 5351) y Tomás González (nº 1283). Cada uno de ellos estaba al mando de una furgoneta, y la jueza les atribuye también el delito de homicidio imprudente por haber ordenado disparar «en condiciones que infringían los más elementales principios profesionales básicos de actuación».

Los 3 agentes que confesaron

Junto a estos tres mandos, el lunes deberán empezar a enfrentarse al juicio los tres únicos agentes que en la investigación admitieron haber disparado pelotas, a pesar de que se sabe que hubo varios ertzainas más que lo hicieron. En una entrevista ofrecida a “El Correo”, los tres imputados aseguraron que se utilizaron siete escopetas más. Y como corresponde a su estrategia de defensa, afirmaron que «el compañero que hizo el disparo mortal contra Cabacas ni siquiera está imputado». También «Ugarteko», el mando que dirigió la operación por radio, declaró durante la instrucción como testigo, con obligación de decir la verdad, que creía que había ertzainas que mintieron en la investigación cuando dijeron que no habían disparado.

Estos tres ertzainas acusados son José Ignacio Moure (nº profesional 15.248), Dany Jhonny Fernández (nº 11.066) y Eduardo Guzmán (nº 10.216). Inicialmente, la jueza instructora los había dejado fuera del juicio, pero la Audiencia Provincial aceptó el recurso presentado por la familia Cabacas. Explicó en su auto que según los vídeos existentes y las horas allí reflejadas, las declaraciones de los propios agentes y las de los testigos, los tres agentes que dispararon estaban en el lugar y en el momento precisos, por los que una de las pelotas disparadas por ellos pudo ser la que causara la muerte de Iñigo Cabacas.

El juicio contra estos seis ertzainas comenzará el lunes y está previsto que finalice el 9 de noviembre. La instrucción se ha alargado durante más de seis años y medio, y ha prosperado gracias a la tenacidad de la acusación particular, que ejerce Jone Goirizelaia, que ha tenido que enfrentarse no solo a las defensas de los acusados, sino también a la indolencia de la fiscalía y los obstáculos del Departamento de Seguridad.

La Fiscalía no observa que hubiera ningún delito en la carga policial

La Fiscalía resumió en apenas once líneas de texto «los hechos» de la noche del 5 de abril de 2012, cuando repetidas cargas de la Ertzaintza lanzando pelotas en un callejón acabaron con la muerte de Iñigo Cabacas. Según sus conclusiones, «los hechos relatados no son constitutivos de delito alguno» y «no existiendo delito no se puede establecer autor».

La decisión, firmada en febrero por la fiscal Pilar Giménez, fue el colofón a una instrucción en la que la Fiscalía se ha posicionado del lado de la defensa de los mandos y agentes imputados, habiendo mantenido una posición totalmente pasiva, cuando no literalmente ausente, durante los interrogatorios realizados a acusados y testigos.

El poco entusiasmo demostrado por la Fiscalía en esta investigación se observa en que, inicialmente, su posición favorable a los inculpados se basaba en que no era posible identificar quién había sido el autor material del disparo, aunque tampoco pidió que se practicara ninguna prueba para intentarlo. Pero cuando la instrucción siguió adelante y llegar a juicio era ya inevitable, cambió el argumento de la imposibilidad de determinar quién había disparado a que las cargas policiales no supusieron delito alguno, a pesar de que ha quedado acreditado durante la investigación que los «peloteros» se utilizaron contradiciendo la normas legales y las profesionales que deben regir la actuación de la Ertzaintza.I.I.