El expreso Peio Irigoien fue juezgado el pasado 11 de setiembre en Baiona acusado de incumplir las medidas impuestas por los ficheros FIJAIT, creados a raíz de los de los atentados yihadistas de 2015 y que entraron en vigor el pasado 1 de julio. En ese registro de control fueron inscritos también decenas de presos y expresos vascos.
El tribunal le fija plazo hasta junio de 2019 para cumplir con las medidas de control que impone #FIJAIT o bien recurrir su inclusión en ese fichero ideado contra el "terrorismo islamista" pero que se rellena con nombres de militantes vascos y corsos.
— Maite Ubiria (@Maite_Ubiria) 2018(e)ko urriaren 16(a)
La inscripción en el citado registro tiene una duración de 20 años, de los cuales durante los primeros 10 años están sujetas a una serie de obligaciones, como la de justificar su domicilio cada tres meses, dar a conocer el nuevo en caso de cambiarlo en un plazo de 15 días, y avisar de sus desplazamientos al extranjero como mínimo con 15 días de antelación.
Los inscritos en este registro, que además tiene carácter retroactivo, están sujetos a estrictas condiciones bajo amenaza de ser nuevamente condenados a hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa si las incumplen.
En el caso de Peio Irigoien, el tribunal ha dictaminado que es culpable de haber incumplido las medidas –ha sido procesado por ello– y le ordena regularizar su situación antes de junio de 2019, aceptando ser fichado o bien recurrir su inclusión en el FIJAIT.
La de Irigoien es la primera sentencia respecto a la inclusión sistemática de presos y expresos vascos en ese registro.
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