«No he cobrado comisiones» y «no he solicitado contratos». Estas respuestas resumen la segunda jornada de interrogatorio al exburukide Alfredo de Miguel, que respondió a las preguntas de su abogado durante más de cinco horas.

Al igual que hizo el lunes, De Miguel, diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial de 2007 a 2010, negó su implicación en los delitos de corrupción que le atribuye el fiscal Josu Izaguirre, que solicita una pena de 54 años de prisión.

Insistió en que él no ha cobrado comisiones a cambio de la adjudicación de contratos relacionados con la ampliación del Parque Tecnológico de Araba, y señaló que tampoco solicitó contratos al Departamento de Cultura del Gobierno de Gasteiz.

Asimismo, rechazó la idea de que haya recibido dinero ilícito por parte de Iosu Arruti, responsable de Sidepur, la empresa que contactó con Construcciones Riera para construir un polígono industrial en Zambrana. Según la Fiscalía, la empresa catalana cobró más de 1,5 millones de euros «por no hacer nada».

Cabe señalar que los implicados en la pieza de Zambrana son, al parecer, quienes han cerrado un «pacto de caballeros» con el Ministerio Fiscal. Izaguirre manifestó el lunes que estos estarían dispuestos a reconocer la existencia de una trama corrupta a cambio de una rebaja en la petición de pena.

La vivienda de Gorliz

La declaración que realicen Arruti y los empresarios catalanes puede poner en un aprieto a De Miguel, que ayer admitió que el constructor Prudencio Hierro pagó la reforma de la vivienda que tiene en Gorliz. Indicó que este adelantó el dinero de los trabajos, aunque después le reintegró lo abonado.

«Visto esto –en alusión al juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Araba– me doy cuenta de que no lo tenía que haber hecho y que la lié», subrayó el acusado, que se sienta en el banquillo junto a otras 25 personas, muchas vinculadas al PNV.