Según indica Vox en su querella, «todo ello podría ser constitutivo de un delito de provocación sexual tipificado en el Código Penal en su artículo 185 que establece que el que ejecutare o hiciese ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad será castigado con la penas de prisión de seis a un año o multa de 12 a 24 meses».

En un comunicado, el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández, ha afirmado que «resulta inadmisible que desde una administración pública se amparen conductas contrarias a la dignidad de los menores de edad, que deben ser amparados por los tribunales».