Durante la última sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Bizkaia, en las que las partes han procedido a la lectura de sus informes, Goirizelaia –que pide cuatro años de prisión e inhabilitación de seis años para cada uno de los procesados– ha destacado «el contexto político» en el que ocurrieron los hechos aquella noche del 5 de abril de 2012, en la que el Athletic jugó contra el Schalke 04.
La letrada ha recordado que, por aquel entonces, la herriko taberna (ubicada en el callejón de María Díaz de Haro, donde cargó la Ertzaintza e hirió de muerte a Cabacas) se convirtió «en una auténtica obsesión» para la persona que daba las órdenes en el dispositivo policial, en referencia a ‘Ugarteko’.
Además, ha subrayado que, cuando Rodolfo Ares fue nombrado consejero de Interior –época en la que se produjo la muerte de Iñigo Cabacas– insistió en que, «frente a los borrokas, tolerancia cero», y eso «se traslucía y tenía como consecuencia las órdenes que se daban».
Durante su intervención, Jone Goirizelaia ha señalado que «ha salido a la luz» un modus operandi de la Ertzaintza «caótico» y una cultura policial que, en nombre de un corporativismo «muy mal entendido», prefiere mantener versiones «inverosímiles», que «no son reales», antes de asumir que hubo una actuación policial «totalmente desproporcionada y fuera de las normas».
La abogada de la familia de la víctima, ha destacado que la familia Cabacas Liceranzu tiene «plena confianza» en la justicia y en la actuación judicial, pero se han quedado «extrañados» ante la actitud de la Fiscalía, que, al elevar a definitivas sus conclusiones, ha insistido en que no pedir la absolución de los acusados al considerar que no hubo delito.
«Patente de corso»
A su entender, con esta postura lo que «sobrevuela» es que la Policía tiene «patente de corso, tiene una especie de halo de impunidad», para emprender cualquier actuación porque, «haga lo que se haga», no va a haber «nunca ninguna respuesta penal» contra ella.
Tras recordar que el propio Ares en sede parlamentaria reconoció que hubo «negligencia» en la actuación de la Ertzaintza, ha subrayado que, a partir de entonces, se han cambiado todos los protocolos de actuación, no solamente de la Policía autonómica vasca, sino en el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado.
Goirizelaia ha remarcado que el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, consideró que «la decisión de cargar estuvo mal tomada», al igual que los propios mandos de la Policía autonómica, incluido el último responsable de Area.
Por ello, ha defendido que los hechos «son constitutivos de delito» y ha discrepado «totalmente» con el relato de los hechos realizado por el ministerio público, que, además de considerar que no hubo ilícito penal, ha asegurado que no se puede determinar quién disparó y qué agente dio la orden de disparar, cuando «lo han reconocido ellos mismos, y han dicho quién dio la orden».
La Fiscalía mantiene la petición de absolución
En sus conclusiones, la Fiscalía ha mantenido que no se ha podido determinar qué agente dio la orden de disparar y ha considerado que los hechos juzgados no son constitutivos de delito, por lo que ha pedido la absolución de los imputados.
Según la fiscal, la versión de algunos ertzainas «no era real», ya que se produjeron más disparos de pelotas de goma que los reconocidos por estos agentes.