El alto tribunal obliga al Estado español a indemnizar a Agustín Toranzo con 8.000 euros por los daños y perjuicios causados por «haber violado el derecho a la libertad de expresión». El caso se remonta a 2007, cuando Toranzo protestaba contra el desalojo del centro social Casas Viejas de Sevilla. Toranzo tenía el brazo en un tubo de hierro unido al piso y los agentes, que no pudieron sacarlo por la fuerza, lo inmovilizaron.
En una rueda de prensa posterior, el activista denunció que la actuación de la Policía se podía calificar como un episodio de torturas y la Delegación del Gobierno español en Andalucía y la Fiscalía solicitaron una investigación contra él por estas acusaciones.
Toranzo fue declarado culpable en julio de 2011 y le impusieron una multa de 1.200 euros, considerando que las acciones policiales «habían sido proporcionadas» y rechazaron que el joven utilizase la palabra «tortura» de forma coloquial. En 2014 el caso llegó a Europa y, ahora, el TEDH afirma que la sentencia «no fue proporcionada ni necesaria en uan sociedad democrática».
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