«Tenemos que recuperar esos suelos para gestionarlos desde la propia sociedad pública», ha subrayado en una comisión parlamentaria, a petición de Geroa Bai, para que informe sobre la modificación del PSIS de la Ciudad del Transporte de Imarkoain que tuvo lugar en el año 2006.

El director gerente ha indicado que lo realizado hasta el momento en la Ciudad del Transporte ha puesto de manifiesto «un modelo claramente negativo, desde el punto de vista económico», al haber supuesto pérdidas de más de cien millones de euros.

Aierdi ha señalado que «no estamos, de ninguna manera, dispuestos a poner más recursos públicos» a la UTE, después de que el pasado mes de octubre se decidiera rescindir el contrato y presentar una denuncia a la adjudicataria de la Ciudad del Transporte por «una serie de incumplimientos».

Ha recordado que inicialmente se aprobó un PSIS de una superficie de 608.000 metros cuadrado en dos fases. Así, en 2004, se tramitó un nuevo PSIS que ampliaba el ámbito del polígono (la tercera y cuarta fase) por un espacio que ordenaba más de un millón de metros cuadrados de nueva superficie.

Al poco tiempo de adjudicar a la UTE la explotación de la tercera fase (que en este momento está desarrollada casi en su totalidad), en 2006 se tramitó una modificación del PSIS anteriormente aprobado.

Ha apuntado que el sistema de adquisición de los suelos seguido es «un modelo de expropiación» y que el mismo ha sido «largo, complejo, con una judicialización relevante» y «una importante repercusión en el conjunto de los recursos públicos».

Según ha dicho, las inversiones acometidas desde el sector público en este terreno superan los 114 millones de euros y los ingresos obtenidos suponen «únicamente 30 millones de euros».

Ha explicado que el pasado mes de octubre se tomó la decisión de rescindir el contrato de la UTE, que desde 2006 ejecutaba la tercera fase de la Ciudad del Transporte, por «una serie de incumplimientos».

En el turno de los grupos, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que «es evidente» que la gestión de la Ciudad del Transporte debe ser cambiada «hacia una gestión cien por cien pública».

Luis Zarraluqui, UPN, ha indicado que el problema «vino en la tercera fase», ya que el momento de venta de parcelas coincidió con la llegada de la crisis.

Maiorga Ramírez, de EH Bidu, ha mostrado sus «dudas» sobre si UPN actuó «presuntamente de forma delictiva» y si «Nasuvinsa ha llevado a cabo la gestión de forma debida».

Rubén Velasco, de Podemos-Orain Bai, ha señalado que «convenía analizar si seguía perdiendo dinero público, visto el devenir de las fases» y ha cuestionado a Nasuvinsa «por qué no han rescindido el contrato antes».

Guzmán Garmendia, PSN, ha indicado que ha sido «una comisión fraude», ya que no se ha respondido a la petición de comparecencia, y la misma opinión ha compartido Javier García, del PPN, que ha lamentado que se ha hablado «poco o nada» de la información solicitada.

José Miguel Nuin, de Izquierda - Ezkerra, ha señalado que «hay elementos escandalosos» en la operación de la Ciudad del Transporte, como «el precio pagado por el suelo».