Los motivos esgrimidos por Antiviolencia para proponer una multa de 200.000 euros contra Osasuna y clausurar El Sadar durante un mes son mantener como socios a algunos miembros de Indar Gorri, «condenados penalmente por diversos delitos; hacer caso omiso a las indicaciones del coordinador de seguridad en relación con las medidas a adoptar con dichos individuos y permitir, a alguno de ellos, la entrada en diversos encuentros de la presente temporada; y, por último, no cumplir con las obligaciones para el correcto mantenimiento del Libro de Registro de Actividades de Seguidores».

Ahora se inicia un proceso en el que el club defenderá sus derechos «y el de todos sus socios», que considera que «están siendo gravemente vulnerados», según ha señalado en un comunicado.

En mayo de este año, 11 miembros de Indar Gorri alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía por el que aceptaron un año de prisión que ninguno de ellos tuvo que cumplir. Seis de estas once personas son socias de Osasuna. El club navarro ha aclarado que notificó la prohibición de acceso al estadio a las personas condenadas y ha puesto todos los medios necesarios para cumplir las indicaciones de las FSE. Sin embargo, al club se le ha solicitado que prohíba el acceso de estas personas sin que haya ninguna resolución administrativa ni sentencia judicial que lo pida, ya que es un extremo que no se trata en la condena.

El 25 de setiembre, la Oficina Nacional de Deportes de la Policía española solicitó al club que identificase a las once personas condenadas por la sentencia anteriormente mencionada para saber si eran socios del club y en qué lugar de la grada se ubicaban. El club afirma que facilitó de inmediato la información solicitada sobre los seis socios.

Tras ello la Policía solicitó que no se permitiese la entrada al campo a los condenados y el club suspendió «temporalmente» su derecho de acceso y les dio de baja en el sistema informático de LaLiga. Desde ese momento, ninguna de esas seis personas ha podido acceder al estadio.

El club envió a las FSE y a LaLiga un escrito en el que señalaba que «siempre acatará la ley y las instrucciones que dicten las Fuerzas de Seguridad», pero que en este caso considera que «se están vulnerando derechos de sus socios, que no son meros asistentes a un espectáculo deportivo, sino que además son propietarios y gozan de derechos políticos (voto, elección…) al tratarse de un club deportivo y no de una Sociedad Anónima Deportiva». Osasuna solicitaba además en ese momento una reunión «con la máxima urgencia» para abordar esta cuestión, solicitud que hasta el día de hoy no ha sido atendida.

«No puede pretender nadie es que Osasuna vulnere derechos de sus socios actuando sin respaldo alguno de una resolución administrativa o de una sentencia judicial en dicho sentido. Y aun así, el club ha cumplido suspendiendo su derecho de acceso a seis personas que ahora pueden exigir responsabilidades al club por haber tomado una decisión que puede vulnerar sus derechos fundamentales sin que por vía administrativa o judicial se haya determinado tal situación», añade la nota.

Asimismo, han propuesto sanciones de 4.000 euros, y 12 meses de prohibición de acceso a los recintos deportivos, a dos aficionados que, en el descanso del encuentro Athletic-Real, jugado el pasado 5 de octubre, y «encontrándose en el sector habitualmente ocupado por los aficionados del grupo Herri Norte, protagonizaron enfrentamientos, insultos y amenazas graves dirigidas a aficionados locales de un sector próximo a dicha ubicación».