![La Policía Foral, en el desalojo del gaztetxe Maravillas. (@maravillasgtx)](/media/asset_publics/resources/000/525/511/article_main_landscape/foralak.jpg)
Así se ha puesto de manifiesto en la comisión parlamentaria en la que han comparecido la portavoz del Ejecutivo navarro, María Solana, y la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mari Jose Beaumont, a petición de UPN y Podemos-Orain Bai para informar sobre esta cuestión.
Tras la intervención de las consejeras, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha considerado que «voluntad de diálogo hubo por parte del Gobierno de Navarra». «Lo que no hubo fue voluntad sincera y real por parte de los ocupantes de buscar soluciones», ha manifestado, tras solicitar a UPN que «pida perdón por todos los disparates que están diciendo».
Por el contrario, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha lamentado que la decisión tomada «no era la vía más adecuada». «El desalojo por la fuerza no era la solución y no sigue siendo la solución –ha denunciado-, no contaban con nuestro apoyo para ello».
Araiz, que ha criticado que la actuación del Ejecutivo navarro «pudo haber sido de otra manera», ha censurado que esta fue una decisión «absolutamente unilateral» del Gobierno, «que contó con el único apoyo de Geroa Bai».
En la misma línea se ha mostrado la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez, que ha denunciado que «el desalojo se produjo de forma virulenta, cuando menos». Pérez, que ha cuestionado a las consejeras sobre la aparición de balas en el escenario de los hechos, ha lamentado que «se recurrió a la vía de la represión antes que al diálogo». «Se sobrepasaron todos los límites», ha criticado, tras destacar que «sí hubo heridos».
El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha considerado que el desalojo «no es una solución: ni lo fue en agosto ni lo sería en el futuro». Tras apostar por «sentarse a hablar, acordar y negociar», Nuin ha matizado que la gestión del Ejecutivo «no tiene nada que ver con una complicidad ni connivencia» con los ocupantes.
Sergio Sayas, por UPN, ha negado que el Gobierno haya «estado a la altura» de las circunstancias. «Ha estado con sus amigos abertzales, radicales y antisistema –ha remarcado-, ha hecho dejación clara de funciones». En este sentido, ha considerado que el Ejecutivo navarro «no quería desocupar el palacio».
«Quería permitir la reocupación y solo así puede entenderse que sellaran el edifico poco menos que con un candado de joyero, lo que quería era que amigos del gobierno, abertzales y sistemas como algunos grupos del gobierno, pudieran acceder con facilidad a las pocas horas de ser desalojado», ha dicho. Además, ha preguntado por un posible chivatazo del desalojo a los ‘okupas’, pues a la llegada de la Policía, a las cinco de la mañana, se hallaban encadenados.
Inma Jurío, PSN, ha trasladado que el Gobierno no ha realizado las gestiones que a un «buen gestor» se le debe pedir. Tras criticar la «falta de inteligencia» del propio Ejecutivo, ha subrayado que se tuvo que haber previsto una posible reocupación y que «no han hecho nada efectivo para que Marqués de Rozalejo vuelva a su legítimo dueño».
«Después de que se desaloja vemos que es un lugar susceptible de volver a ser ocupado y piden la suspensión del nuevo desalojo –ha relatado-, ustedes sabían que esto se podía producir y son ustedes son los que debían haber adoptado las medidas adecuadas para evitar el realojo que se produjo».
La portavoz del PP, Ana Beltrán, ha criticado que este sea un Gobierno «arrodillado a los intereses de los insumisos, de Bildu, de la izquierda radical abertzale, de los borrokas, de los que violan la ley como los agresores de Alsasua a quienes defienden y a los que violan la ley ocupando un edificio público».
«Ese es el gobierno que tenemos en Navarra: arrodillado, sumiso y mirando hacia otro lado ante una ocupación ilegal de un edificio del Gobierno», ha denunciado. De esta forma, ha manifestado que «son una vergüenza de Gobierno». «¿Qué ejemplo dan a los demás para exigir el cumplimiento de la ley cuando están viendo actividades ilegales y siguen sin actuar?», ha cuestionado.
Tras escuchar a los grupos, la consejera Beaumont ha respondido que un informe evidencia que las balas encontradas no corresponden a la Policía. También ha respaldado las intervenciones públicas de Solana «ofreciendo diálogo» a los ‘okupas’ y ha garantizado que «no hubo ninguna necesidad de chivatazo».
«Estoy segura de que no lo hubo», ha respondido a Sayas, a quien ha explicado que procurador y abogado de las personas que ocuparon el inmueble «fueron notificados del acuerdo de Gobierno y, consecuentemente, era vox populi que en cualquier momento podía ocurrir».
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