El PNV ha llevado hoy al Congreso una propuesta de reforma de la polémica Ley 7/2014, que vació de contenido la decisión marco europea que obligaba a descontar condenas cumplidas en otros estados. Ello tiene gran impacto al alargar el encarcelamiento de decenas de presos vascos. El pasado mes de octubre, frente a los recursos de algunos de ellos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eludió posicionarse sobre el fondo de la cuestión, y se limitó a rechazar las demandas. Ahí estaba el germen de este intento de corregir la situación, que se ha topado con la mayoría de la Cámara Baja española: 91 votos a favor, 163 en contra y 84 abstenciones. 

El voto del PSOE era necesario para que la propuesta de reforma se abordara, pero el diputado Gregorio Cámara ha venido a dar por buenas tanto la sentencia de Estrasburgo como la Ley 7/2014, aferrándose a que tuvo amplia mayoría y no fue cuestionada en el primer momento. Ha abierto la puerta más bien a la segunda opción existente para corregir la situación: que alguna instancia pida una aclaración al Tribunal de Justicia de la UE (Luxemburgo), como instancia competente para establecer si una decisión marco europea está bien o mal trasladada a la legislación de cada Estado. Tras no marcar posición clara de voto, finalmente sus diputados se han abstenido.

En la defensa de la propuesta, el jelkide Mikel Legarda ha puesto el acenteo en que esa artimaña jurídica del PP «está afectando significativamente la unidad de Derecho de la Unión», y ha añadido que en ningún otro Estado se establecieron limitaciones como las puestas en el español. También ha evocado cómo el 40% del Tribunal Supremo expresó su discrepancia con lo que se había hecho, y ha concluido así: «Otra aplicación es posible». 

Entre quienes apoyan esta reforma figura EH Bildu, que ha dicho por boca de Marian Beitialarrangoitia que solo pueden estar satisfechos con la inhibición de Estrasburgo los que ven la política carcelaria «como venganza». También Unidos Podemos la respalda. Su diputado Jaume Moya ha recordado que siete de cada diez euros en sanciones de la UE por incumplimiento de normativas comunitarias recaen sobre el Estado español: «Basta de multas, dejemos de hacer el ridículo».

Por contra, tanto Ciudadanos como PP se han revuelto contra la propuesta y han cargado contra el PNV. Juan Carlos Girauta (C’s) se ha aferrado a que «Estrasburgo ya se ha pronunciado» ante «el recurso de [Santi] Arrozpide, porque recurrir es un derecho que tienen hasta los carniceros». Le ha añadido que «es una vergüenza» que Legarda no haya hecho excesivo hincapié en que existe ese fallo europeo reciente. Leopoldo Barreda (PP), por su parte, se ha dirigido al jelkide en estos términos: «¿Qué les debe su partido a los presos de ETA? Ustedes tienen un cupo determinado de iniciativas y es sorprendente que las dediquen a esto. Como demócratas deberían avergonzarse».