Así lo ha manifestado en la comisión de Régimen Foral, donde comparecía a petición de UPN y Podemos-Orain Bai junto al consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con la okupación del citado palacio.

Barkos, que ha reconocido que la decisión de desalojarlo «fue tomada por parte del Gobierno de forma unilateral», ha añadido que «previamente a la toma de la decisión por parte del Gobierno, una parte del tripartito se manifestó contrario a esa circunstancia». «Pero se produjo respondiendo a la defensa del patrimonio público del que el Gobierno es responsable», ha manifestado.

Por otro lado, ha encontrado «especialmente grave e inaceptable» el tratar de acusar al Ejecutivo «de avalar la ocupación por motivos de encuentro o desencuentro con diferentes partidos que conforman el cuatripartito».

«El Gobierno de Navarra nunca ha hecho dejación de sus responsabilidades en la defensa del patrimonio público, pero eso no ha impedido tampoco la defensa prioritaria en momentos puntuales del interés general y en este caso de la seguridad ciudadana, todo ello acompañado de una apuesta convencida por el dialogo que hoy continúa en cualquier caso», ha aseverado.

Por otro lado, ha afirmado que el Ejecutivo «ha recibido críticas en este tema por parte de unas posiciones y las contrarias en este Parlamento, pero en realidad eso es lo único que todos los grupos han mantenido en común, porque la solución de unos y otros era radicalmente opuesta y las críticas al Gobierno, también».

«Se nos ha criticado duramente por desalojar el edificio una vez agotadas las vías de diálogo –ha trasladado-, y se nos ha criticado por la suspensión del desalojo y no volver a desalojarlo en un momento en que eso podía suponer una auténtica batalla campal».

La presidenta ha puesto de relieve los múltiples intentos de diálogo llevados a cabo por el Ejecutivo, unas tentativas que fueron rechazadas por parte de los ocupantes. Tras agradecer el trabajo de la Policía Foral durante aquella jornada, ha asegurado que el desalojo finalizó sin detenidos ni heridos.

Sin embargo, ha relatado que en el perímetro de seguridad establecido alrededor del inmueble se produjeron «tres cargas policiales en tres momentos puntuales» debido a que se produjeron ataques contra los agentes (lanzamientos de petardos, latas y vidrios, entre otros). Según ha explicado, fue entonces cuando se hirió a tres personas de forma leve, todos ellos dados de alta en el momento.

Ante la nueva ocupación del inmueble, Barkos ha recordado que desde Policía Foral se desaconsejó proceder a otro desalojo, «dada la gran cantidad de personas concentradas en los alrededores del edificio». También se ha referido a la «vulnerabilidad» del palacio, algo que implicaba serias «dificultades» para un cierre efectivo del mismo. «Un nuevo desalojo tampoco evitaba una nueva ocupación», ha citado, haciendo referencia a las recomendaciones de Policía Foral.

Por todo ello, ha explicado que se presentó una solicitud de suspensión de la orden de desalojo «para evitar alteraciones del orden público» y desde el convencimiento de que se trataba de lo más «prudente», aunque el juez de instrucción decidió archivar la causa.

«El Gobierno de Navarra pidió la suspensión de la orden de desalojo, no que se archivara la denuncia por la ocupación de Marqués de Rozalejo», ha aclarado. Además, ha puesto de relieve que posteriormente la Audiencia Provincial de Nafarroa rechazó el argumento del juzgado de instrucción que archivó la causa porque «el hecho de que el Ejecutivo instara a la suspensión no implica que tolerase la situación».

Juan Luis Sánchez de Muniáin, UPN, ha denunciado que «la pasividad les hace responsables», ya que en el palacio se está produciendo un «fraude masivo» a la Hacienda navarra y que se está «consintiendo» un «cúmulo de ilegalidades» a los «amigos» de los socios del Ejecutivo.

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha pedido que se retire la denuncia interpuesta como «primer paso» en muestra de «voluntad de diálogo». «El origen del problema está en la personación por parte del Gobierno de Navarra en un supuesto delito de usurpación que no hubiera sido tal si no se hubiera producido dicha personación», ha dicho.

Koldo Martínez, Geroa Bai, ha aplaudido la actuación del Ejecutivo. «Todos defendemos el valor del diálogo, pero el diálogo es mucho más que sentarse hablar alrededor de una mesa», ha advertido, tras lo que ha lamentado no se dieron las condiciones necesarias por parte de los ocupantes.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha lamentado que «la fuerza no es la solución» y ha indicado que se llegó a un acuerdo «costoso en tiempo y debates» con los ocupantes del inmueble que «garantizaba» la continuidad del proyecto de autogestión, aunque posteriormente fue roto.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha remarcado que de las explicaciones de la presidenta parece desprenderse que «la gestión del Ejecutivo ha sido estupenda y magnífica», pero «nada más lejos de la realidad». Tras criticar la «pasividad» del Gobierno, ha denunciado que éste «permitió la reocupación del edificio» y que «la gestión podría haber sido mucho mejor».

La portavoz del PP, Ana Beltrán, ha calificado como una «negligencia o una irresponsabilidad que no tuvieran en cuenta que podían volver a entrar». «O una mentira enorme», ha subrayado.

En nombre de I-E, su portavoz, José Miguel Nuin, ha considerado que «el margen para el acuerdo no está cerrado y cabe desarrollarlo» impulsando proyectos de autogestión.

En el turno de réplica, el consejero Aranburu ha afirmado que «Hacienda no ha recibido ninguna denuncia de fraude fiscal» y ha pedido a los regionalistas que si tienen pruebas de ello, lo denuncien pertinentemente.