El escrito de la Fiscalía se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Govern anterior por el 1-O, si bien en el caso de estas organizaciones la cantidad supuestamente desviada sería 1,97 millones de euros de fondos públicos.

La demanda del fiscal Torres afecta a todos los consellers del equipo de Puigdemont e incluso a la que por entonces era interventora de la Generalitat, y eleva el desvío de dinero público a una cantidad muy superior a las manejadas en la causa que se investiga en el Supremo.

La Guardia Civil cifró la posible malversación en 3,2 millones de euros y la Fiscalía, en su escrito de acusación ante el Supremo, en 3,07 millones.

La demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas por la Fiscalía responde a la investigación abierta por la denuncia presentada en noviembre de 2017 por el Ministerio español de Hacienda por el presunto empleo de dinero público para el 1-O.

En concreto, Hacienda pedía que la Fiscalía hiciera las «actuaciones oportunas» encaminadas a determinar las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por la Generalitat para la organización y celebración del referéndum y a concretar cuánto dinero costó.

Es decir, el Tribunal de Cuentas abrirá ahora un proceso para determinar la posible responsabilidad contable de los miembros del Govern que participaron en el 1-O, un procedimiento independiente al que se sigue en el Supremo por la responsabilidad penal.

Paradójicamente, el Gobierno de Mariano Rajoy, y especialmente el Ministerio de Hacienda encabezado entonces por Cristóbal Montoro, repitieron por activa y por pasiva que no se había destinado dinero público para el 1-O, ya que en aquel entonces las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas desde Madrid.

En el caso del 9N, el Tribunal de Cuentas condenó al expresident Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat en la consulta soberanista de 2014.