El terremoto electoral del 2 de diciembre en Andalucía, la mayor autonomía en extensión y en población por delante de Catalunya, dejó movido todo el cuadro político en el Estado. El nuevo suelo se percibió ayer, con el acuerdo entre las tres derechas que aupa a la Presidencia del Parlamento a Ciudadanos, a través de la abogada Marta Bosquet, y que en enero convertirá en presidente andaluz a Juan Manuel Moreno (PP), tras 36 años de gobiernos del PSOE.

La única opción de que ello no ocurriera pasaba por que la derecha «tradicional» del PP y la «moderna» de Ciudadanos renunciaran expresamente a los votos de la ultraderecha declarada (no por etiqueta pero sí por planteamientos) de Vox. No ha ocurrido. Solo en el primer momento postelectoral pareció que PSOE y Ciudadanos sondearían un acuerdo más moderado que impidiera la «triple alianza» derechista, pero la opción ni siquiera se ha trabajado en serio por dos motivos básicos: ni alcanzaban mayoría parlamentaria por un solo voto (lo que abocaba a buscar un tercer socio) ni Cs se veía legitimado por sus votantes para rehabilitar a un PSOE de Susana Díaz muy desgastado y desprestigiado.

A la espera de si esa vía central tiene recorrido en el Estado cuando Pedro Sánchez llame a las urnas, de momento lo que hay sobre la mesa es un inédito tripartito de derechas. Con un PP a la baja que pasa a gobernar la autonomía que (junto a las vascas y catalanas) le era más esquiva; un Ciudadanos que da su gran salto a la gestión institucional asumiendo quizás la mitad de las carteras del Gobierno además de la Presidencia del Parlamento; y un Vox que tendrá la llave de las votaciones parlamentarias y que además queda políticamente blanqueado de facto al primer asalto.

¿Solo Vox es el franquismo?

El PSOE había puesto todos los huevos en la cesta de un veto a Vox, pero no lo ha logrado. Junto al silencio elocuente de Susana Díaz, que presentará candidatura a la reelección sin opción de lograrla, sorprendió ayer la posición del partido en Madrid. Rafael Simancas, portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, calificó el pacto andaluz como «vergonzante» porque da carta de naturaleza a «los herederos del franquismo», en alusión a Vox.

Según esta tesis, el franquismo no habría tenido seguidores políticos en el Estado en los 43 años posteriores a la muerte del dictador y es ahora cuando emergen en el partido liderado por Santiago Abascal.

Simancas se retrotrajo a 1975 para indicar que entonces su madre no podía abrir una cuenta bancaria sin permiso de su marido, los españoles no podían votar y «se les encarcelaba por sus ideas políticas».

Sobra decir que desde PP y Cs se elude cualquier debate al respecto. El futuro presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se limitó a hablar de «día histórico que abre la puerta a un cambio político». Y el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, negó la mayor en un ejercicio de escapismo político: «No tenemos ningún pacto con Vox».

Paradójicamente, al mismo tiempo Marín señaló que el acuerdo programático cerrado con el PP, en el que no se atisban concesiones a la derecha más extrema, puede ser modificado en el transcurso de la legislatura si se hacen necesarios más apoyos. Una contradicción flagrante con lo que a la vez decía en Madrid el secretario general de su partido, José Manuel Villegas: «Nuestro acuerdo está cerrado con el PP y no aceptamos cambios. Cs no estará en otro escenario que no sea un gobierno de coalición solo con el PP».

Vox, por su parte, tampoco muestra interés en entrar en ese ámbito de gestión. Javier Ortega Smith, secretario general, explicó que «no íbamos a estar en minoría en un gobierno donde no íbamos a tener mayoría suficiente para adoptar medidas que son necesarias para Andalucía». Obviamente, el nuevo partido ultra ya se siente feliz tanto con los casi 400.000 votos amasados como con la entrada en la Mesa del Parlamento y la llave de la gobernabilidad. Y, sobre todo, con la interlocución que le han dado Cs y PP (especialmente este), homologándole pese a sus posiciones abiertamente machistas y racistas.

Podemos, oposición clara

En base a estas posiciones políticas, la Mesa del Parlamento quedó conformada finalmente por dos miembros del PP, dos de Cs y uno de Vox (cinco sobre siete), junto a dos del PSOE, cuya minoría será por tanto muy notoria. Marta Bosquet fue elegida presidenta por 59 de los 109 diputados y diputadas, es decir, los de las tres derechas unidas.

Al margen del órgano rector parlamentario se queda Adelante Andalucía, la marca de Podemos, que evidenció su rechazo a la alianza derechista y su apuesta por una oposición marcada compitiendo por los cargos de la Mesa en solitario y sin recabar ningún apoyo.

Posteriormente, el número dos del grupo, Antonio Maíllo, pidió la palabra para denunciar que según el artículo 36 del reglamento todas las formaciones deben estar en la Mesa. Su queja será abordada precisamente en el nuevo órgano de mayoría derechista. Su líder, Teresa Rodríguez, denunció que «PP y Cs ponen cordón sanitario a quienes defendemos autonomía, derechos sociales y libertades, y no a quien lo pone en riesgo».

Varapalo del Senado a Sánchez al vetar la flexibilización del déficit

El Pleno del Senado, con la mayoría absoluta del PP, propinó ayer un fuerte golpe al Gobierno Sánchez al anular la flexibilización de los objetivos de déficit que había aprobado el Congreso con los votos también de Unidos Podemos, PNV, ERC o PDCat. Con 150 votos en contra, principalmente del PP pero también de Cs, Coalición Canaria y Foro, la senda de déficit para el periodo 2019-2021 solo contó con 97 votos favorables.

Se trata de la segunda vez que es rechazada, después de que el pasado mes de julio no lograra superar el primer trámite en el Congreso, algo con lo que ya contaba el Gobierno, que la volvió a presentar para cumplir con los trámites previos a la aprobación en enero de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El Pleno del Senado estrena así su capacidad de veto a la senda de déficit. Hasta ahora nunca se había utilizado desde que el PP la introdujo en 2012 por medio de una modificación en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cargó contra las «chinas en el camino» del PP y Cs, achacándoles una «política de tierra quemada».

En paralelo, advirtió de que volver a someterse a un déficit del 1,3% en 2019 conllevaría un ajuste «imposible» de 18.000 millones de euros. Lo que se traduciría, concretó, en menos inversiones, recortes para las comunidades autónomas y elevación de cotizaciones de la Seguridad Social para paliar el desfase.