Salhaketa ha denunciado la muerte de un preso en la cárcel de Zaballa. Se llamaba Jonathan, tenía 28 años, residía en Bizkaia y su cuerpo sin vida apareció la madrugada del pasado 17 de enero. Al parecer, falleció a consecuencia de una sobredosis. Su compañero de celda, que también sufrió una sobredosis, se salvó.

En una rueda de prensa, la abogada Silvia Encinas, integrante de la asociación “Familiares frente la crueldad carcelaria”, ha censurado que en el caso de Jonathan «hay bastantes cosas que suenan muy mal», ya que, pese a que se sospechaba que el compañero podía haber introducido drogas tras un vis a vis, «no se aplicaron las medidas de seguridad».

«Nos parece que aquí ha habido una imprudencia grave por parte de la prisión, porque había una sospecha de que esta persona estaba portando drogas , y pienso que no tenían que haber estado juntos esa noche en la celda», ha apuntado, y ha destacado que el compañero de celda de Jonathan debía haber estado en una celda vigilada.

A su juicio, los responsables de la prisión han incumplido sus deberes de custodia, «y consideramos que en este caso, como en otros, ha habido una conducta omisiva y pasiva, y se deberían tomar acciones penales por imprudencia, porque los medios están, o deberían estar, para prevenir este tipo de situaciones».

En este sentido, el portavoz de Salhaketa, César Manzanos, ha señalado que este hecho luctuoso, «no notificado por instituciones penitenciarias, representa una nuevo crónica de muerte anunciadas en las cárceles». «Nos preocupa la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, en su gran mayoría de personas jóvenes que no lo olvidemos mantiene una relación de sujeción especial con las Administración del Estado, y este tiene la obligación de garantizar entre otros, su derecho a la vida», ha subrayado.

Y ha propuesto una batería de medidas para acabar con las muertes en prisión, entre las que figura «que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue siempre de oficio estas muertes, con el din de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos».

Asimismo, ha reclamado «que las direcciones de las prisiones informen con imparcialidad a las familias y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en las que se han producido las muertes». También ha pedido que «se faciliten a las familias todos los apoyos necesarios para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del mal funcionamiento de la Administración judicial».

Además, ha exigido medidas de sustitución de la fase procesal y suspensión condicional de la condena en fase ejecutoria por el cumplimiento de programas de deshabituación de drogodependencias; la inmediata excarcelación de las personas gravemente enfermas; y la reforma de la legislación penal y penitenciaria que «alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional».

Versión de Instituciones Penitenciarias

Fuentes de Instituciones Penitenciarias (IIPP) se han puesto en contacto con NAIZ para matizar o directamente desmentir algunas de las acusaciones vertidas por Salhaketa.

De este modo, han indicado que no es cierto que no se informara del suceso, ya que tras la muerte «se abrió un expediente, se notificó al juzgado y se avisó a la familia». Además, estas fuentes han tachado de «mentira» que el compañero de celda sufriera una sobredosis, y han matizado que las causas del fallecimiento de este joven preso no están aún certificadas, ya que no se han dado a conocer oficialmente los resultados de la autopsia.