En una entrevista concedida a Onda Vasca, Urizar se ha referido a las declaraciones de este domingo en Donostia del ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien volvió a señalar, sin concretar nuevos pasos, que el alejamiento carcelario responde a políticas del pasado.

Tras reconocer que se trata de afirmaciones «contundentes», Urizar ha matizado que, no obstante, «si algo esperamos todos es que se acompañe la misma contundencia con los hechos».

«Ya con la puesta en marcha del Gobierno de Pedro Sánchez se trasladaba públicamente que la dispersión era cosa del pasado y que había que terminarla. Es lo que ha venido a decir, pero la realidad no acompaña a los hechos», ha lamentado.

A su juicio, trasladar a un preso «de 700 a 400 kilómetros no es terminar con la dispersión, es acercarlo». «Es positivo pero no es acabar con la dispersión. Más allá de las grandes palabras hay que acompañarlo con hechos, y nos da la sensación que hay mucho vértigo en el Ejecutivo de Sánchez», ha advertido.

«Ya no hay problemas de espacio y si la ley dicta que los presos deben estar en el ámbito más cercano a su familia y entorno eso se solventa trayéndolos a Euskal Herria y eso solo se hace en casos puntuales. Lo que se hace es, a cuentagotas, dar un proceso de acercamiento pero no acabar con la dispersión cuando no hay problemas técnicos para hacerlo», ha valorado.

Por ello, ha considerado que «hay riesgo» de que afirmaciones como las del ministro «se queden solo en pronunciamientos públicos y eso no es cumplir con la palabra dada y genera, además, frustración en las familias».

Por otro lado, ha reconocido ser consciente de que «la derecha española y el PP utiliza esto como arma arrojadiza y objetivo político, pero hay cuestiones por encima de esos intereses».

Con respecto a las críticas que el PP ha realizado al hecho de que el calendario de transferencias trasladado por el Gobierno español contemple la de prisiones, Urizar ha afirmado que se trata de «mensajes y estrategias políticas» que ya han llevado a cabo los populares en el pasado.

«Son ellos –el PP– los primeros que dicen que hay que cumplir la legalidad y que afirman ser los mayores defensores del Estatuto, pero a su vez ponen trabas y amenazan cuando solo se plantea hacer lo que una ley orgánica tiene ya aprobado», ha indicado, para añadir que se está hablando además de la transferencia de la gestión de prisiones, no de la política penitenciaria.