Se trata de que el Defensor ayude a la investigación y el esclarecimiento de los hechos e informe sobre «la posible vulneración» del derecho a la huelga de la plantilla de la empresa Huerta de Peralta y Iruñea derechos de la ciudadanía del vecindario de Alde Zaharra de Pamplona con motivo de la intervención de los técnicos de inspección en el gaztetxe Maravillas.

La Junta de Portavoces ha aprobado también, en este caso a petición de UPN, pedir un dictamen del Consejo de Nafarroa sobre la posible conculcación de la legalidad en el pliego de adjudicación de la organización, recogida, grabación, codificación, depuración y validación de la encuesta social y de condiciones de vida 2018 aprobado por el Instituto de Estadística de Nafarroa.

Además la Mesa del Parlamento se ha dado por enterada del informe del Servicio de Intervención y Asuntos Económicos que niega la posibilidad de que las subvenciones bloqueadas al grupo de Podemos-Orain Bai se puedan destinar a fines sociales o a luchar contra el fraude fiscal, tal y como plantearon Tere Sáez y Carlos Couso.

«En ningún caso las subvenciones devengadas por los Grupos Parlamentarios podrán destinarse a las finalidades que sugieren», dice el informe, y añade que será la Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, la que «determinará y, en su caso, introducirá los requisitos y procedimientos para la percepción de las referidas subvenciones que estime necesarios».