En una rueda de prensa conjunta celebrada en el Palau Robert de Barcelona, han anunciado también otras manifestaciones: el martes 12 de febrero por la tarde en las cuatro capitales de provincia catalanas y Tortosa (Tarragona), y el sábado 16 de febrero en la Gran Vía de Barcelona.

Entre los asistentes al acto, ha destacado el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens; Sergi Sabrià y Marta Vilalta (ERC); Míriam Nogueras (PDeCAT); Toni Morral (Crida); Gemma Geis (JxCat); Carles Riera (CUP); Assumpció Laïlla (Demòcrates) y Joan Josep Nuet (CatComú).

También los expresidentes del Parlament Joan Rigol y Núria de Gispert; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; Meritxell Lluís (Associació Catalana pels Drets Civils); la periodista Pilar Rahola y el productor Josep Maria Mainat, entre otros.

Más allá de las manifestaciones, también han pedido que el 12 de febrero los trabajadores se concentren a las 12:00 y durante 10 minutos frente a los centros de trabajo, y que el jueves 21 de febrero se sumen a la huelga general convocada por el sindicato Intersindicial-CSC.

Los encargados de presentar las movilizaciones han sido David Fernández, Martí Anglada, Anna Sallés y Estel Solé, y preguntados por los detalles de la marcha en la capital española, han dicho que solo pueden avanzar que esperan «contar con el apoyo del Madrid solidario».

No han aclarado si cuentan con el respaldo de formaciones estatales que han mostrado sensibilidad con el derecho a decidir como Podemos y IU, pero Fernández ha reivindicado que en el pasado la izquierda madrileña ya ha mostrado «mucha receptividad» con estas iniciativas.

Según Fernández, la rueda de prensa de este jueves para anunciar movilizaciones conjuntas es el pistoletazo de salida de un «espacio unitario» a favor de la movilización social, y ha asegurado que no serán las últimas protestas que convoquen.

El mensaje en todas las protestas será que «organizar un referéndum no es delito, que votar no es un delito, que decidir no es un delito y que movilizarse no es un delito», por lo que se acusará al Supremo de estar protagonizando un juicio político sin garantías. «Por esto hacemos un emplazamiento a salir a las calles. Por esto llamamos a la movilización. Por los derechos civiles, políticos y sociales. Por la autodeterminación. Por el derecho a decidirlo todo», ha concluido Estel Solé.