La única cuestión previa en la que ayer coincidieron casi todas las defensas fue en el requerimiento de incorporar el sumario instruido por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, un cajón de sastre en el que, bajo secreto de sumario, el juez Antonio Ramírez Sunyer –fallecido en noviembre– llevó a cabo una investigación completa contra el independentismo. Los que se acuerden del 18/98 recordarán las diligencias previas 75/89.

El sumario se abrió en enero de 2017, tras las polémicas declaraciones del entonces senador de ERC Santi Vidal. La querella por rebelión la puso Vox, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la rechazó, pero Ramírez Sunyer no dudó en hacerse cargo. Aunque negó estar investigando los preparativos del 1-O, posteriormente se conoció que lo hizo al menos desde el 15 de mayo. De hecho, investigó también a aforados, algo que solo podía hacer el TSJC. También pinchó teléfonos y ordenó detenciones y registros como los del 20 de setiembre de 2017. Tal fue la magnitud de la instrucción realizada en secreto que, en la fase de instrucción en el TS, tanto la Fiscalía como el juez Llarena apenas realizaron diligencias: se conformaron con recibir los atestados policiales del sumario del 13. De ahí la solicitud de incorporación del sumario entero, cuyo contenido completo no conoce ninguna de las defensas.

Antes de morir Ramírez Sunyer, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, le agradeció por carta los servicios prestados en torno al 1-O: «Cambiaste el rumbo de la Historia de nuestro país». «Tú eres la medida de todos nosotros, los jueces», añadía la misiva. No es de extrañar que ayer el abogado Jordi Pina pidiese humildemente al tribunal: «Hagan de jueces, no de salvadores de la patria».