Así lo ha indicado en la sesión de control al Gobierno en respuesta a una pregunta de Izquierda-Ezkerra sobre el decreto de ordenación de las prestaciones sanitarias en esta materia que, según ha expresado, «ha dado respuesta a una necesidad sanitaria real y a una aspiración social largamente demandada».
Además, ha precisado que dos años y tres meses después de la aprobación de este decreto foral y, 20 meses después de la promulgación de la ley LGTBI+, el departamento que dirige ha realizado actuaciones como la creación de un comité técnico de salud sexual y reproductiva.
También, ha citado en el 2017, mediante orden foral, se incluyó en la cartera de servicios de Nafarroa prestaciones de tratamiento de fertilidad y reproducción para mujeres con parejas del mismo sexo o sin pareja.
De esta técnica se han beneficiado 30 mujeres lesbianas y 47 mujeres sin pareja y, ha comentado, también se incluyó en la citada cartera, y de forma exclusiva en Nafarroa, la financiación del tratamiento farmacológico de la disfunción eréctil y atrógena.
Igualmente, está en funcionamiento un grupo de trabajo para el desarrollo de proyectos en materia de educación afectivo-sexual y se ha puesto en marcha un nuevo protocolo de gine-prevención.
Además, ha destacado que en esta legislatura, Nafarroa ha empezado a garantizar la realización de intervenciones legales de embarazos en el sistema sanitario público y la evolución, ha dicho, «es muy positiva».
«Frente a las 74 interrupciones legales de embarazo realizadas en 2017, en 2018 al menos 300 se han realizado en centros de Osasunbidea», ha subrayado.
Ha añadido que se han desplegado acciones de prevención ante el sida y que, en materia de transexualidad, se ha garantizado un nuevo modelo de atención basado en la libre autodeterminación de la libertad sexual.
En cualquier caso, ha valorado que se ha cumplido «de manera satisfactoria», los compromisos de legislatura en esta materia que eran garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en Osasunbidea, desarrollar normativamente la ley de salud sexual y reproductiva.
También reconvertir los centros de atención a la mujer como «centros integrales a hombres y mujeres» y adoptar medidas efectivas para garantizar el acceso al sistema público a tratamientos de fertilidad y reproducción asistida a todas las personas.
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