“Las vidas en el centro”. Esa es la consigna que se ve en todos los carteles que anuncian la huelga feminista de mañana, 8 de marzo. Poner especial atención en el sector de los cuidados es uno de los objetivos de este parón de 24 horas de las mujeres, porque es un hecho indudable que su trabajo es vital para que todo funcione. Sin embargo, las propias trabajadoras no perciben reconocimiento ni respeto.

«La que trabaja en el hogar está considerada como una miserable que no tiene a dónde ir», comenta Ester Nuñez, empleada de hogar. Con la entrada del año 2019 le han rebajado una hora de trabajo «por no quererme subir el sueldo hasta el salario mínimo interprofesional». Trabaja en la misma casa desde hace 20 años y complementa ese salario con otros empleos: «Vivo para trabajar».

No podrá jubilarse hasta los 65 años y no sabe qué pensión percibirá. Al principio no firmó ningún contrato porque estaba en medio de un proceso de separación «complicado» y tenía miedo. Estar en una situación irregular no es una práctica inusual y lo demuestran las estadísticas que la Asociación de Trabajadoras del Hogar publica cada año. En 2018, el 26% de las empleadas externas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, y solo en el 6% de los casos la causa era por no tener papeles. En lo que respecta a las internas, todas las que estaban en situación administrativa irregular (24%) no tenían papeles.

Las irregularidades administrativas no son el único escollo en este sector porque, tal y como confirman, aún habiendo cotizado lo máximo posible les queda una pensión mínima. Es el caso de Pili, que prefiere guardar su identidad. Trabaja desde hace 41 años y le quedan nueve años para llegar a los 65, «porque no podemos retirarnos antes». Hace unos días le llegó el recuento de su vida laboral y lleva 35 años dada de alta en la Seguridad Social.

Admite que su situación es buena respecto a la realidad general del sector. Trabaja 30 horas a la semana, de lunes a viernes, y cobra 900 euros brutos. Pero hay una preocupación que no le abandona: la pensión. «Porque no tuve oportunidad de estudiar y ahora quizás no tendré una jubilación digna», protesta.

El trabajo de hogar se incluyó en el Régimen General de la Seguridad Social pero dentro de ella, está en un Sistema Especial. Ello conlleva, por ejemplo, no tener derecho a una prestación por el desempleo y hasta ahora, hasta enero de 2019, no podían cotizar por lo que cobraban, lo máximo eran alrededor de 890 euros. «Ahora si cobras 1.300 euros, puedes cotizar en base a esa cifra», detalla María Jesús Herrero, quien adelanta que participará en las movilizaciones del 8M.

Lleva trabajando desde los 16 años, a los meses firmó el primer contrato y desde entonces está con la misma familia. «Tengo 44 años cotizados y calculo que me quedará una pensión de 601 euros», manifiesta. Para ella la única mejora en estos años ha sido cotizar por lo que se cobra.

«Si la persona a la que cuida se muere, se queda en la calle con una mano delante y otra detrás», advierte y enfatiza que su lucha no se ha traducido en mejoras. Los accidentes no están reconocidos como laborales, «es como una enfermedad». Esto supone que mientras están de baja cobran menos de la mitad del sueldo, y si no tiene papeles «toma un ibuprofeno y a currar». Relata que ha tenido suerte comparando con las experiencias conocidas en las reuniones de la asociación: «Escucho cosas que no deberían existir».

Economía sumergida

Ester Nuñez cuida de su suegra que sufre alzheimer. «Soy feliz», admite, a la vez que dice orgullosa que es feminista y que ha educado a su hijo e hija desde el feminismo: «Con todo lo que he pasado, qué menos».

Del cuidado de personas dependientes, precisamente, se encargan las empleadas del Servicio a Domicilio (SAD), que actualmente están en huelga. Sus servicios, a priori a cargo de la administración pública, entran a concurso cada dos años y señalan que la concesión cada vez es más barata. «Es un trabajo público que contratan empresas privadas», señala.

Durante esta semana las de Bizkaia se han movilizado cada día y Yolanda Santos, una de las empleadas, está contenta porque «hemos podido salir a la calle y dejar de ser invisibles». Es la primera vez que se movilizan y hoy cumplen 26 días en huelga. «Es un trabajo que nadie ve, al igual que el de las trabajadoras del hogar», apunta.

En estos 20 años que lleva trabajando en el sector, advierte que la situación ha empeorado y que la Ley de Dependencia no ha mejorado nada. «Ahora, los usuarios tienen que pagar un copago extra; por ejemplo, el que pagaba 14 euros por nuestro servicio pasa a pagar 30 euros», detalla, todo en base al dinero que entra en casa.

Santos afirma que los ayuntamientos se ciñen a cumplir la ley, como pasa con las ayudas de dependencia. Es crítica con este modelo de subvenciones porque piensa que les saca a ellas del mercado laboral. «Hay una clara intención de que los cuidados vuelvan al ámbito familiar e, incluso, producir una economía sumergida», asegura y, para ella y para sus compañeras, con ello se menosprecia su trabajo.

Tienen que tener flexibilidad horaria–«nos pueden llamar a cualquier hora entre las seis de la mañana y las seis de la tarde»–, los desplazamientos no entran en la jornada laboral, no tienen reconocidos los accidentes laborales, si acompañan a la persona dependiente al médico ese tiempo no se contempla en las horas de trabajo «y terminamos debiendo a la empresa esa hora»... Es el día a día de las trabajadoras vizcainas que, actualmente, son contratadas por las empresas Aztertzen y Aurrerantz. Su convenio no se ha renovado desde 2015 y se firmó en minoría por CCOO. También reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos seis años por tener el salario congelado desde el 2012.

Por ello, Santos espeta al alcalde de Bilbo, Juan Mari Aburto, que el «servicio sale adelante por nosotras, y no porque funcione bien».

Las huelgas lideradas por las mujeres van desde el ámbito público hasta el privado

De entre las huelgas que se están desarrollando en Hego Euskal Herria, muchas de ellas están protagonizadas por mujeres. Es el caso de las trabajadoras de las residencias de la tercera edad y centros de día de Gipuzkoa, que han cogido el testigo a sus compañeras de Bizkaia después de que estas consiguieran un acuerdo tras más de un año en huelga.

Las guipuzcoanas, con convocatorias dispares de ELA y LAB, comenzaron con las movilizaciones en setiembre y hasta el día de hoy, han salido a la calle cada mes. La última ha sido en febrero. ELA llamó a parar 19 día seguidos hasta el 10 de marzo, «en defensa del convenio colectivo» y para exigir la implicación de la Diputación; LAB, por su parte, convocó paros para los días 25 y 26 de febrero.

En lo que respecta a los servicios públicos y siguiendo en Gipuzkoa, también están en huelga las trabajadoras de limpieza de las comisarias y juzgados. Ayer cumplieron 170 días de protesta e interpelaron a Lakua para que termine con la brecha salarial que hay en el sector. Estas trabajadoras – el 95% es mujer– han estado caracterizadas como los trabajadoras de la limpieza viaria –el 80% es hombre– y todos ellos están subcontratados por la empresa Garbialdi.

En el sector privado, las empleadas de los supermercados de Dia en Bizkaia y Gipuzkoa comenzaron la huelga el 27 de febrero y el martes cumplieron su tercera jornada. «El paro indefinido que anunciamos a partir del día 11 está cada vez más cerca», advirtió LAB. A.U.A.

Declaraciones

«Me quedan cinco años para jubilarme, llevo cotizados 44 años y calculo que me quedará una pensión de 601 euros»

Mª JESÚS HERRERA

Trabajadora del Hogar

«Hay una clara intención para que los cuidados vuelvan al ámbito familiar y producir una economía sumergida»

YOLANDA SANTOS

Servicio a Domicilio