El Gobierno nicaragüense dio a conocer sus cinco puntos de la agenda para ser discutidos en la mesa de negociación, en la que descarta adelantar las elecciones previstas para noviembre de 2021, como demanda la oposición. En su agenda, el Gobierno plantea fortalecer las instituciones electorales en Nicaragua mediante la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales, que perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes.

También ofrece justicia y reparación «para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad», así como la «liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados».  El Gobierno propone revisar cada uno de los expedientes, con el fin de que ningún caso quede en la impunidad. Otro de los puntos propuestos es «continuar fortaleciendo» las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política.

Por otro lado, ha demandado a la comunidad internacional suspender toda sanción contra el Estado nicaragüense y ha invitado a la OEA a participar en su diálogo con la oposición para dar salida a la la crisis sociopolítica que vive el país.

Sobre Nicaragua penden más sanciones de EEUU con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra el presidente, Daniel Ortega, y sus allegados. Además, el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental. La oposición ha pedido hoy que la OEA acelere esa aplicación.

El Gobierno hizo ambos anuncios el sábado, un día después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinara participar como testigo y acompañante en la mesa de negociaciones, que comenzó el 27 de febrero pasado. A su vez, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que reconsiderará su participación en ese foro tras la decisión del Episcopado. Los obispos rechazan el papel de «testigos y acompañantes», y reclaman el de mediadores que se adjudicaron en un primer intento negociador, pero en el que finalmente acabaron participando como parte opositora.