La nueva ley tiene como objetivo superar el veto del Constitucional a la anterior norma navarra, que se basó en el argumento de que pretendía sustituir a los tribunales de justicia. De hecho, la norma aprobada hoy en comisión –que será ratificada próximamente en Pleno– deja claro que la comisión de reconocimiento y reparación que se pondrá en marcha estará supeditada a los tribunales.

Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai, ha destacado que han actuado de una manera posibilista ante el riesgo de que la nueva ley vuelva a ser recurrida. Asimismo, ha subrayado que el objetivo de la nueva norma es ofrecer reparación a un colectivo de víctimas históricamente olvidado en Nafarroa, pero que no pretende determinar culpables ni sustituir a los tribunales.

Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha reconocido que tiene una sensación agridulce con esta norma y ha recordado que hoy es el decimoquinto aniversario de la muerte de Angel Berrueta. «Esta víctima, como muchas otras, no ha tenido reconocimiento ni reparación», ha destacado. Tras denunciar la intromisión del Constitucional anulando la anterior ley navarra, ha reconocido que la norma aprobada hoy tiene carencias. Ha señalado que han actuado de manera posibilista para ofrecer reparación a estas víctimas y ha denunciado que el veto del Constitucional no se supera con cuestiones técnicas ni jurídicas, ya que obedece a una cuestión política.

Laura Pérez (Podemos Ahal Dugu-Orain Bai) ha señalado que este tema es «muy político, muy simbólico» y ha destacado la necesidad de dar reparación a estas víctimas ante la inacción del Estado.

José Miguel Nuin (I-E) ha señalado que el objetivo de la norma es superar el veto del Constitucional para ofrecer reparación a estas víctimas y que no pretende sustituir a los tribunales de justicia.

El PSN ha presentado varias enmiendas a la ley buscando, por ejemplo, eliminar la referencia a la autoría de agentes policiales de los ataques sufridos por estas víctimas. Solo ha recibido el apoyo del PP y UPN en la mayoría de ellas por lo que han sido rechazadas. 

Ana Beltrán ha acusado a los promotores de este ley de buscar «revanchismo ante las Fuerzas de Seguridad del Estado» y ha alertado de su posible inconstitucionalidad, mientras que Carlos García Adanero la ha enmarcado en la «modificación del Relato».