El anteproyecto, que desde el 2 de mayo se someterá a información pública, plantea y regula nuevas fórmulas de colaboración entre las administraciones y el sector privado.
Se trata, ha dicho en conferencia de prensa el vicepresidente económico Manu Ayerdi, de un «instrumento asociativo», las Áreas de Promoción económica (APE), surgido hace ya 50 años en Canadá y muy extendido actualmente por todo el mundo de forma «exitosa».
La iniciativa tiene origen privado y una vez autorizada por el Ayuntamiento afectado, si es así, se debe elaborar un plan a varios años que se somete de nuevo a ratificación municipal.
Con este modelo básico, en cada lugar la figura se adapta a lo que se considera más adecuado pero el común denominador es la autonomía del consistorio para decidir y que una vez constituida la APE su financiación se realiza mediante «cuotas obligatorias» de todos los que se van a beneficiar de ella, evitando así que «el que ya está se aproveche sin poner un duro», ha dicho Ayerdi.
Y ha adelantado que el Gobierno hizo una consulta previa en marzo antes de presentar el anteproyecto abierto ahora a participación pública durante cuatro meses, en los que además se ha previsto una jornada técnica el 10 de mayo para informar a los ayuntamientos del contenido de esta nueva normativa.
Según precisa el anteproyecto, las APE son entidades privadas, constituidas por los titulares de actividades económicas y los propietarios de inmuebles desocupados susceptibles de poder alojar actividades económicas y situados en una zona geográfica delimitada, autorizada por los ayuntamientos.
El objetivo es la mejora del atractivo y competitividad de esa concreta zona mediante la realización de actividades y prestación de servicios que, «en todo caso, serán complementarios de los municipales».
Las áreas de promoción económica surgirán por iniciativa de los titulares de las actividades económicas de la zona, que constituirán una comisión promotora encargada de la solicitud para la creación de la APE.
Si la administración local aprueba su creación, deberán preparar conjuntamente un plan de actuación y un presupuesto que debe ser sometido a diferentes informes internos y a información pública para conocimiento de la ciudadanía.
Ratificado en su caso por el ayuntamiento correspondiente, se formalizará el convenio que detallará las actuaciones previstas, la forma de participación y de control, y la duración que no puede exceder los cuatro años.
La mayor parte del presupuesto de la APE procede de las cuotas obligatorias de los titulares de actividades económicas en la zona y de la propiedad de inmuebles aptos para la actividad, aunque estuvieran desocupados.
Así se busca superar el bajo nivel de asociacionismo que perjudica las actuaciones conjuntas, sin que esta cuotas sean incompatibles con subvenciones y ayudas públicas, aportaciones y donaciones, entre otros ingresos.
Manu Ayerdi ha destacado la flexibilidad del modelo APE a las necesidades de cada zona y el valor de la cooperación obligatoria, al tiempo que serán interlocutores directos para las administraciones.
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