Assange, de 47 años, ha comparecido por videoconferencia ante la Corte de Magistrados de Westminster durante unos 10 minutos, en el arranque de su batalla legal contra la extradición a EEUU, que le reclama por haber conspirado para supuestamente interceptar ordenadores del Pentágono.

Lo ha hecho desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh, un día después de que otro tribunal londinense, el de Southwark, le condenara a una pena de 50 semanas de cárcel por haber roto en 2012 las condiciones de su libertad condicional.

En su declaración, el activista ha denegado formalmente su consentimiento a su entrega a Washington.

«No deseo entregarme para ser extraditado (a EEUU) por haber hecho un periodismo que ha ganado muchos reconocimientos y ha protegido a muchas personas», ha afirmado.

Durante la vista, el juez Michael Snow ha determinado que el informático australiano deberá comparecer nuevamente, también mediante el sistema de videoconferencia, el próximo día 30, en lo que se prevé será otra vista preliminar.

Assange infringió las condiciones de su libertad condicional cuando el 19 de junio de 2012 se refugió en la embajada de Ecuador de Londres para no ser entregado a Suecia, un país que lo requería para interrogarlo por presuntos delitos sexuales que él ha negado.

Después de agotar todos los recursos legales en este país, solicitó ayuda al anterior Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa y permaneció refugiado en su legación en Londres durante casi siete años.

El australiano siempre ha sostenido que tenía miedo de que, si era llevado a Suecia, ese país terminara entregándolo a EEUU, donde temía por su integridad física y por su vida.

El pasado 11 de abril, Assange fue detenido por la fuerza por la Policía británica poco después de que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, pusiera fin al asilo diplomático.

Además de ese proceso, paralelamente, EEUU acusa al activista de conspiración para infiltrarse en ordenadores, al acordar descifrar la clave de un ordenador del Pentágono con información clasificada, según divulgó recientemente el Ejecutivo estadounidense.

Washington sostiene que en marzo de 2010, el australiano se coordinó con la exsoldado Chelsea Manning –que por aquel entonces trabajaba como analista de inteligencia para el Departamento de Defensa– a fin de acceder a material clasificado del Gobierno.

Esa colaboración propició la filtración a través de WikiLeaks de más de 700.000 documentos clasificados como secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán y cables del Departamento de Estado.

La divulgación de esos datos supuso un fuerte varapalo para la diplomacia de Washington.

Si bien durante mucho tiempo se pensó que Assange había actuado como simple receptor de los documentos, más tarde se supo que EEUU consideraba que trabajó con Manning en equipo para acceder a los datos y dificultar la identificación del origen de la filtración.

Al término de la audiencia de este jueves, a las afueras del tribunal, la abogada de Assange, Jennifer Robinson, ha dicho a la prensa que este caso «trata sobre interceptaciones ilegales».

«Este caso va de un periodista y de un editor que mantuvieron conversaciones con una fuente acerca de acceder a un material; alentaron a esa fuente a proporcionar material y hablaron con esa fuente sobre cómo proteger sus identidades», ha indicado.

La letrada ha remarcado que «esta es una actividad protegida en la que se ven involucrados los periodistas todo el tiempo», al tiempo que ha advertido de que la potencial prosecución y extradición de Assange por esas actividades supondrían «un enfriamiento masivo para el periodismo de investigación de todo el mundo».

Por su parte, un grupo de simpatizantes del activista australiano ha bloqueado la calle en la que se encuentra la corte al finalizar la audiencia, con actos de protesta con los que han impedido el paso a los vehículos y portando eslóganes con mensajes como: «Apartad las manos de Assange, EEUU, Reino Unido».