El diario, que revisó órdenes escritas y entrevistó a altos oficiales, señaló que el Gobierno colombiano está ejecutando «otra encarnación» de los llamados «falsos positivos», como se conoce al escándalo de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combates.

El anuncio de la moción de censura contra el ministro ocurre cuatro días después de que más de una docena de representantes a la Cámara retiraran otra contra Botero que ya era tramitada en el Congreso porque aseguraron que tenían «conocimiento de información relevante y grave con el objeto del debate de la moción de censura».

La representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, explicó en su cuenta de Twitter que habían retirado el procedimiento contra el ministro hasta que fuera publicado el artículo del diario estadounidense.

«Por esta razón pedimos aplazamiento del debate de moción de censura contra ministro de Defensa. Lo presentaremos nuevamente», manifestó Miranda, quien pidió a los partidos Liberal, Cambio Radical y de Unidad Nacional que los apoyen en esta iniciativa.

Las diferentes versiones de Botero sobre la muerte de un excomandante

Quienes propusieron inicialmente el mecanismo, con el que se busca destituir a Botero, aseguraron que el ministro no tiene las competencias para estar en el cargo y como ejemplo citaron sus «contradicciones» en declaraciones que dio sobre la muerte del ex comandante guerrillero de las FARC Dimar Torres.

La muerte de Torres, ocurrida en la región del Catatumbo, generó controversia debido a que Botero informó inicialmente que falleció al recibir un disparo accidental por parte de un miembro del Ejército durante un forcejeo, a pesar de la comunidad presentó pruebas de que se trató de una ejecución extrajudicial y de que un general pidiera perdón públicamente por lo ocurrido.

El hecho ocurrió el 22 de abril en la aldea Campo Alegre, del municipio de Convención, que hace parte del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

El ministro informó dos días después que el cabo Daniel Eduardo Gómez, acusado de la muerte de Torres, bajó por un caño de la zona para unirse al grupo encargado de custodiar el oleoducto que pasa por la zona cuando se encontró con el exguerrillero, quien al parecer intentó quitarle el fusil. Más adelante Botero reconoció que sí fue un homicidio por parte del militar, mientras que el jefe de la Fuerza de Tarea Vulcano, el general Diego Muñoz, pidió perdón públicamente tras admitir que militares tuvieron que ver con ese suceso.

«He insistido en que los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario son línea rectora de las actuaciones de la Fuerza Pública», aseguró hoy el ministro.

“The New York Times” explicó que hay una orden para que los militares no «exijan perfección» al matar, ni siquiera si tienen dudas sobre el objetivo del ataque, y algunos militares han señalado que eso implica desproteger a civiles y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

El senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe, del Centro Democrático y bajo cuyo mandato se cometieron el mayor número de «falsos positivos», dijo que el artículo es «una manera de desacreditar» a las Fuerzas Armadas y de «proteger la impunidad al narcoterrorismo». «Además ignoraron las respuestas oficiales y las distorsionaron para decir que hay órdenes de asesinar inocentes y de no proteger civiles», añadió.