Tras tres meses y medio de vista oral en el Tribunal Supremo español, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones y mantiene sin variaciones las penas de prisión que solicita para los doce encausados.

La Fiscalía sostiene que el «procés» fue una «rebelión» consumada, en la que se empleó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia).

Pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras; 17 años para Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos, –Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa–; mientras que para los otros tres exconsellers –Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila– pide 7 años de prisión.

Tan solo ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal que dice que la pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo excepciones, y que impide conceder el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, de manera que la Generalitat no podría concedérselo en caso de estar en cárceles de Catalunya.

La Abogacía mantiene que fue «sedición»

Por su parte, la Abogacía del Estado también mantiene su petición de 12 años de cárcel para Junqueras por «sedición» y malversación; penas de entre 11 años y medio para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de «sedición» en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía.

Vox ha retirado su petición de pena de «organización criminal» y malversación para el exconseller de Empresa Santiago Vila y lo deja en desobediencia, que no conlleva pena de cárcel.