«Acusar al presidente de un delito no fue una opción que pudiésemos considerar», ha indicado Mueller en una declaración en el Departamento de Justicia, en la que ha anunciado su renuncia a dicho puesto una vez terminada la investigación.

La normativa gubernamental estipula que no se puede imputar al presidente por un delito federal mientras esté en el cargo, ya que es considerado inconstitucional.

No obstante, ha agregado: «Si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió un delito, lo habríamos dicho».

Mueller, quien ha leído un comunicado y no ha aceptado preguntas, ha comparecido por primera vez en público para comentar la investigación de la trama rusa.

«Estoy hablando hoy porque nuestra investigación se ha completado. El fiscal general ha hecho el informe público en gran parte, estamos cerrando formalmente la oficina del fiscal especial y, asimismo, estoy dejando el Departamento de Justicia», ha remarcado.

La declaración de Mueller, en la que no ha ofrecido novedades respecto a lo publicado en el informe dado a conocer en abril, ha sido aplaudida por Trump.

«Nada cambia del informe Mueller. No hubo pruebas suficientes y, por lo tanto, en nuestro país una persona es inocente. ¡El caso está cerrado! Gracias», ha escrito Trump en su cuenta de Twitter minutos después de la comparecencia del fiscal especial.

El informe escrito por Mueller y enviado al Congreso señala que no hay pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin, a la vez que no alcanza una conclusión sobre un posible delito de obstrucción a la Justicia por parte del mandatario.

De este modo, la decisión sobre si se debe iniciar un juicio al presidente estadounidense pasa al Congreso, donde los demócratas están divididos dadas las posibles implicaciones políticas que ello tendría de cara a las elecciones del próximo año.

{Debido a que el fiscal especial Mueller no fue capaz de perseguir cargos criminales contra el presidente, le corresponde al Congreso responder a los delitos, mentiras y otras malas prácticas del presidente Trump, y lo haremos», ha afirmado en un comunicado Jerrold Nadler, quien preside el comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Nadler ha evitado, no obstante, mencionar expresamente la posibilidad de abrir un juicio político al mandatario.

«Todas las opciones están sobre la mesa», ha dicho posteriormente en una rueda de prensa al ser preguntado al respecto.

La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, insistió la semana pasada en que «nadie está por encima de la ley», al valorar la actuación del mandatario.

Aunque Pelosi se resiste a iniciar ese proceso, en las últimas semanas ha endurecido su discurso contra el mandatario al asegurar que esta ofensa es «merecedora de un juicio político».

Hoy, de nuevo, se ha decantado al igual que Nadler por la cautela a la hora de comentar las declaraciones de Mueller y la viabilidad de un juicio político.

«El informe del fiscal especial reveló que el presidente aceptó la injerencia rusa en las elecciones y expuso once instancias de obstrucción del presidente a la investigación. El Congreso considera sagrada su responsabilidad para investigar y hacer responsable al presidente de abuso de poder», ha defendido Pelosi en un comunicado.

Varios importantes legisladores demócratas, entre ellos las senadoras Elizabeth Warren y Kamala Harris, ambas aspirantes a la candidatura presidencial demócrata en 2020, así como la popular congresista Alexandria Ocasio-Cortez, se han mostrado a favor de esta opción, mientras que otros han advertido de que podría favorecer a Trump durante la campaña de reelección.

Por su parte, el exvicepresidente Joe Biden, que lidera las encuestas para la candidatura presidencial demócrata, ha señalado que «nadie debería disfrutar lo que sería sin duda un proceso divisorio, pero que puede ser inevitable si esta Administración continúa por este camino».

Al disponer de la mayoría, los demócratas podrían comenzar el proceso de destitución en la Cámara baja, donde su aprobación solo requiere de mayoría simple, pero este fracasaría con toda probabilidad en el Senado, controlado por los republicanos.

En la Cámara alta, al menos 20 de los 53 senadores republicanos deberían votar en contra de Trump para alcanzar los dos tercios que permitieran que el procedimiento de destitución triunfara.

El cargo de obstrucción a la Justicia estuvo también detrás del intento de juicio político al expresidente Bill Clinton (1993-2001) y de la dimisión de Richard Nixon (1969-1974), que abandonó la Casa Blanca ante la certeza de enfrentarse a un proceso de este tipo.