Durante una concentración ante la oficina en Bilbo del Ararteko, la portavoz de Argitan, Liz Quintana, ha explicado a los medios de comunicación que el argumento del Servicio Vasco de Empleo consiste en que la mujer tenía que demostrar un año seguido de empadronamiento para acceder a las prestaciones, y que este requisito no se cumplió porque su expareja la dio de baja en el padrón sin su consentimiento.

«Pedimos flexibilidad a Lanbide; la situación de maltrato está acreditada por sentencia y la mujer tuvo la valentía de denunciar y abandonar su hogar con sus hijos», ha criticado, a la vez que ha cuestionado qué mensaje se lanza a estas víctimas con este tipo de decisiones.

«Se les dice que el tema económico no sea un obstáculo para poner fin a la situación de maltrato; les venden una protección que luego no se cumple, y al final tienen que elegir entre seguir con el maltratador o vivir debajo de un puente», ha resaltado la representante de Argitan.

Se incumple la ley

Ha remarcado que, además, Lanbide incumple la ley orgánica de 2015 de protección a menores que establece que su interés está por encima de cualquier otro criterio, pero este servicio «ha primado el criterio de empadronamiento». «Hay que tener en cuenta también el criterio de proporcionalidad entre el daño que se causa y los intereses que se protegen», ha afirmado.

Ha relatado que esta mujer vive de la ayuda de familiares, vecinos y entidades benéficas, y ha opinado que resulta «indignante» que se vea en esa situación cuando existen prestaciones sociales y económicas. Argitan, según ha dicho, ya ha recurrido en otros casos similares al Ararteko y esta institución ha emitido informes en los que recuerda a Lanbide que hay que cumplir la ley de 2015, que impide dejar a menores desprotegidos.