«Hay una preocupación legítima, natural, en lo que tiene que ver con la protección de todos los excombatientes que están en proceso de reincorporación» a la vida civil, ha dicho Duque en un Consejo de Seguridad celebrado en la localidad antioqueña de Bello.

Según datos oficiales, hasta el pasado 18 de junio se han producido 115 homicidios de antiguos insurgentes, 16 tentativas de homicidio y once desapariciones forzadas, crímenes que la Fiscalía atribuye a las propias disidencias de las FARC, al Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados.

De acuerdo con los números facilitados, los exguerrilleros más vulnerables son los 8.631 que han optado por salir de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para comenzar su vida como civiles, ya que en los ETCR, donde permanecen 3.291, solo se ha registrado una tentativa de homicidio.

Duque ha asegurado que se toma «en serio» la tarea de que la reincorporación sea «exitosa» y, con este objetivo, ha dado a conocer 23 medidas concretas que se sumarán a las puestas en marcha desde la entrada en vigor del acuerdo de paz para garantizar la seguridad de los desmovilizados.

Destaca la creación de «un cuerpo de élite en la Policía Nacional que tendrá la función exclusiva de investigar las amenazas a los ex combatientes de las FARC». Además, se creará un Centro Integrado de Información coordinado por el Ministerio de Defensa para compartir Inteligencia y se reforzará la Unidad Nacional de Protección.

El Gobierno también pretende mejorar las tareas de control y vigilancia, así como los sistemas de alerta y la coordinación entre las distintas autoridades, según informa la Casa de Nariño.

Asimismo, se realizarán campañas de concienciación para «mitigar los riesgos de la estigmatización» y se celebrarán jornadas de «autoprotección y autoseguridad».

La intención del Gobierno, ha sostenido Duque, es que «las personas que han dejado el camino de la violencia puedan entrar por la vía de la legalidad a un esquema de vida donde puedan tener sostenibilidad sus ingresos y consolidarse como núcleo familiar».

Paz con las FARC

El anterior Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron en 2016 un acuerdo para poner fin a la guerra más longeva del hemisferio occidental que dio paso al desarme y la desmovilización de más de 13.000 guerrilleros a los que ahora hay que dar una alternativa civil.

El partido político surgido de las FARC ha acusado al Gobierno de incumplir los textos de La Habana por las ejecuciones de excombatientes, a los que se suman los de líderes sociales, que hacen temer que se repita la historia de exterminio de la Unión Patriótica.

Duque ha sido una de las voces más críticas con el acuerdo de paz. Prometió modificarlo en aspectos esenciales como la participación política o la justicia transicional, si bien en los últimos meses, tras recibir sendos varapalos del Congreso y del Constitucional, ha ratificado su compromiso con la implementación de lo firmado.

Un defensor de DDHH, la última víctima

El defensor de derechos humanos colombiano José Arled Muñoz Giraldo, quien estaba registrado como víctima del conflicto armado como desplazado, fue muerto en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca (suroeste), según han confirmado este jueves fuentes oficiales.

Según datos oficiales, hasta el pasado 18 de junio se han producido 115 homicidios de antiguos insurgentes, 16 tentativas de homicidio y once desapariciones forzadas, crímenes que la Fiscalía atribuye a las propias disidencias de las FARC, al Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados.

No obstante, al menos 462 líderes sociales han muerto del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo. Además, un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC muertos desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz. La última víctima, José Arled Muñoz Giraldo.