El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, ha difundido hoy una declaración que señala que miembros de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (CoVAJ) han llevado a cabo un recorrido por el 27 Batallón de Infantería en Iguala (estado sureño de Guerrero). «Fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes les facilitaron el acceso a las instalaciones», explica el comunicado difundido a través de Twitter por el funcionario, quien encabeza la CoVAJ.

El texto, según ha indicado la agencia Efe, añade que «el recorrido se realizó a petición de los padres de los normalistas e integrantes de la Comisión, como parte de las acciones emprendidas para el esclarecimiento de los hechos sucedidos entre el 26 y 27 de setiembre del 2014».

De acuerdo con el comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, al término de la visita los integrantes de la CoVAJ solicitaron que se continúe apoyando la investigación hasta conocer el paradero de los jóvenes.

«Las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional reiteran su compromiso institucional para esclarecer los lamentables hechos ocurridos en Iguala de la Independencia, demostrando plena apertura, transparencia y colaboración para el desarrollo de las investigaciones en cumplimiento al decreto presidencial del 3 de diciembre de 2018», subraya.

La visita a la sede del 27 Batallón había sido una demanda constante de los familiares de los desaparecidos por las sospechas en torno a la supuesta participación de militares de ese cuartel en la desaparición de los jóvenes.

De acuerdo con la versión oficial defendida por el Ejecutivo del hoy expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los mató y prendió fuego a en un basurero del municipio vecino de Cocula.

Pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo un año investigando el caso, sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el vertedero, al tiempo que desveló errores en la investigación y sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.