El Tribunal Supremo de Brasil ha suspendido este miércoles la transferencia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva desde Curitiba a una cárcel de Sao Paulo, como había ordenado hoy una jueza de primera instancia.

Por diez votos a favor y uno en contra, la máxima corte del país atendió la petición de la defensa del exmandatario y decidió, en una rápida sesión, suspender el traslado del ex jefe de Estado hasta que se juzgue una petición de habeas corpus que estaba pendiente de análisis.

Actualmente el exmandatario, de 73 años, está recluido en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente, en el edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato.

Un tribunal había determinado este miércoles su transferencia al presidio de Tremembé, situado en el interior del estado de Sao Paulo y donde cumplen pena algunos de los reclusos más mediáticos de Brasil.

La transferencia fue solicitada por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido a la prisión de Lula, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma «permanente» para evitar enfrentamientos entre «grupos antagónicos».

El letrado de Lula, Cristiano Zanin Martins, entró con un recurso ante la máxima corte del país y solicitó que el traslado sea suspendido hasta que sea analizado un hábeas corpus solicitado por la defensa y que podría determinar el «restablecimiento de la libertad plena» del expresidente.

La Segunda Sala del Supremo dictó su resolución al cabo de unas horas

La defensa de Lula también cuestionó los tiempos. A su juicio, la orden de la jueza Carolina Lebbos llega en un momento en el que «nuevas y graves revelaciones sobre la conducta de agentes involucrados en la Operación Lava Jato» salen a la luz, en alusión a las filtraciones de diversos mensajes entre fiscales y jueces responsables de las investigaciones, que apuntan directamente al actual ministro de Justicia, Sergio Moro.

«Lula es víctima de una intensa humillación ilegal impuesta por parte del sistema de justicia», ha señalado Zanin.

Persecución política

El exjefe de Estado ingresó en la cárcel el 7 de abril de 2018 después de pasar 48 horas atrincherado junto a la militancia en el sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo, y lo hizo después de que los tribunales dieran por comprobado que recibió un apartamento por parte de la constructora OAS a cambio de favores políticos, un hecho que su defensa insiste en que no llegó a ser demostrado.

El líder del Partido de los Trabajadores se considera un preso político, víctima de una persecución judicial y política, y ha reiterado en diversas ocasiones que no está dispuesto a cambiar su dignidad por la libertad.

Según las leyes brasileñas, Lula podría solicitar la prisión domiciliaria una vez que cumpla una sexta parte de la pena de 8 años y 10 meses de prisión, lo que ocurriría en setiembre próximo.

Sin embargo, sobre el exmandatario ya pesa una segunda condena a otros 12 años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora solamente en primera instancia y aún no confirmada en la segunda, lo que es requisito para ingresar a la prisión.