La mayoría de las acusaciones que se emplearon contra Marixol Iparragirre están basadas en terceros que denunciaron ser objeto de torturas y malos tratos; por lo tanto, «no tendrían que tener validez alguna», ha valorado Sortu, horas después de que Iparragirre pisara suelo español. Defienden, además, que ha permanecido en la cárcel 15 años, a los que ahora podrían sumarse los que dicte la Audiencia Nacional.

En este sentido, denuncia el alargamiento de condenas que sufren más de 50 presos y presas, a quienes se les prolonga sine die su encarcelamiento. «Es una doble condena. Después de cumplir la pena en el Estado francés, se les obliga a empezar de cero. Y este es el caso de Marixol. (…). El Estado español está abonando el terreno para imponerle una nueva condena», remata Sortu en su comunicado. Estas maniobras no buscan sino «enterrar el proceso de paz», afirman desde la formación.

Para EH Bai el caso de Iparragirre, como tantos otros, «descubre la otra cara de la moneda», el opuesto a la resolución y a la paz. Cita los casos de Xistor Haranburu, Lorentxa Beyrie, Ibon Fernández de Iradi y Josu Urrutikoetxea, cuya petición de puesta en libertad se estudiará el próximo 11 de setiembre.

«Es el momento de que presos y exiliados regresen a casa, pedimos la inmediata puesta en libertad de Marixol, Xistor, Lorentxa, Josu e Ibon», cita el comunicado, que trae a colación una declaraciones que Macron hizo en pasado 17 de mayo: «El papel del Estado es acompañar los movimientos (…), no debemos negar la Historia, sino ayudarla».