En su sentencia, contra la que solo cabe recurso de casación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) estima parcialmente el recurso interpuesto por UGT y el Sindicato del Personal Administrativo al considerar que la valoración del euskara como mérito «para cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta y servicios centrales conlleva una discriminación en la provisión de puestos en la Función Pública que no se corresponde con los principios de racionalidad y proporcionalidad en la valoración del idioma en relación con los puestos de trabajo en los que este mérito pudiera no ser relevante».

Los magistrados anulan, asimismo, los artículos referentes al uso del euskara por parte de los servicios centrales de la Administración en relación a las notificaciones y comunicaciones dirigidas a la ciudadanía, en los impresos y escritos oficiales, en los rótulos de oficinas y despachos, en los uniformes y vehículos, en los avisos, folletos, anuncios y publicidad, así como en los elementos informativos de la señalización viaria de la red de carreteras.

Este decreto del euskara fue aprobado por el Gobierno Barkos en 2017 y era uno de los principales elementos de confrontación planteados por la derecha navarra, que se movilizó contra estas políticas en 2018.

Geroa Bai, la formación de Barkos, entiende que «no queda clara la repercusión de la anulación de los artículos para valorar el euskara en zona mixta, no vascófona y servicios centrales; es decir, si la sentencia conlleva que no se puede valorar el euskara en la zona mixta». Y es que, a su juicio, ello supondría vulnerar el artículo 17b de la Ley del Euskara, que otorga a la Administración esa competencia.

Por tanto, en ambos casos la pelota recae en el tejado del Gobierno de María Chivite, ya que la sentencia no prohíbe valorar el euskara como mérito ni tampoco que tenga presencia en la cartelería y señalización de las zonas mixta y vascófona, pues se limita a considerar ilegal la obligatoriedad de hacerlo. En este sentido, fuentes jurídicas indicaron a GARA que el Gobierno navarro «puede valorar de forma individualizada cada caso y estimar si está justificado el conocimiento del euskara para puntuarlo como mérito».

El Gobierno afirmó, a través de su portavoz y vicepresidente, Javier Remírez, que esperará a conocer otra sentencia que debe dictarse sobre la presencia del idioma nacional en la Administración a raíz de un recurso de Afapna. Sin embargo, la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, sí llegó a avanzar que se está estudiando la interposición de un recurso en nombre del Ejecutivo.

No obstante, la posición mostrada por el PSN resultó muy diferente a la de Ollo y su formación, Geroa Bai. Su secretario de Organización, Ramón Alzórriz, afirmó que la sentencia «corrobora la postura» del partido. «Entendemos que la sentencia del tribunal no tiene opción de ser recurrida porque es clara y contudente», manifestó.

«Modificar la Ley del Euskara»

La sentencia del Tribunal Superior soliviantó a Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, que coincidieron en un extremo: ¿cómo es posible que saber euskara se valore menos que saber alemán?

Desde la coalición independentista, su portavoz parlamentaria, Bakartxo Ruiz, añadió que «todo esto pone en evidencia una vez más la necesidad de modificar la Ley del Vascuence». «Mientras la zonificación siga vigente, resultará imposible garantizar mediante decreto los derechos lingüísticos sin discriminación alguna».

Una sentencia que parece querer mandar al euskara 16 años atrás

Geroa Bai, la formación a la que pertenece Uxue Barkos, presidenta del Gobierno que aprobó el decreto en 2017, apuntó que «llama poderosamente la atención que la sentencia no haga mención alguna a que el decreto foral 55/2009 ya estableció que el euskara se valoraría como mérito en todos los baremos de puestos de trabajo en los que el euskara no fuera requisito». Se trataba del primer decreto «aperturista» de Miguel Sanz, presidente en 2009.

Quince años antes, el Gobierno de Juan Cruz Alli aprobó el primer decreto que reguló la aplicación de la Ley Foral del Euskara al campo de las administraciones públicas navarras. El contenido no se llegó a poner en práctica debido a que fue sustituido por el Decreto Foral 135/1994. La causa de la paralización fue que sectores de la propia UPN opinaban que tenía aspectos anticonstitucionales.

En contra del aperturismo de Alli y con aras de revertir las medidas del decreto de 1994, el Gabinete de Miguel Sanz aprobó el decreto 372/2000, que en relación al empleo público establecía que el requisito de conocimiento del euskara quedaría reservado solo a los puestos de trabajo dedicados funcionalmente a tareas de traducción castellano-euskara. Un defecto de forma impidió su aprobación, pero Sanz aprobó uno parecido en 2003, a donde el TSJN parece querer mandar a la lengua vasca de vuelta con este fallo. I. A.