En una comparecencia parlamentaria, Chivite ha asegurado que en este ámbito, «cualquier paso que demos estará guiado por las normas, la Ley del Euskara, la realidad y el consenso social, sindical y político». Sobre este último, ha considerado «preciso caminar hacia un consenso amplio» con el objetivo de que el euskara pueda «usarse desde la libre voluntad de cada ciudadano».

En este sentido, ha señalado que el año que viene se elaborará el segundo Plan Estratégico del Euskara para los años 2020-2023.

Entrando en detalle en las consecuencias de la sentencia del TSJN que anula la condición de mérito obligatorio para el euskara en las oposiciones en las zonas mixta y no vascófona, ha recordado que no prohibe esa valoración, pero que esta «no se puede hacer de manera general». Y ha asegurado que las plazas concedidas con el decreto del euskara en la Administración antes de la sentencia no se verán afectadas por la misma.

Sobre si la recurrirá o no, ha insistido en que su Gobierno la está valorando, aunque ha reconocido que ha generado cierta inseguridad jurídica, ya que «entiendo que si alguien recurriera el inglés o el alemán como mérito, la sentencia sería la misma. Tenemos que valorar el vacío legal al que nos enfrentamos».

La comparecencia de Chivite se ha llevado a cabo a petición de Navarra Suma, cuyo portavoz, Javier Esparza, ha señalado a la presidenta que, a la hora de valorar si recurre la sentencia o no, «tendrá que elegir entre posicionarse contra UGT o contra Geroa Bai y EH Bildu». Esparza ha abogado por no recurrir e incluso le ha animado a derogar el decreto «y definir otro modelo para poner sensatez en la política lingüística».

Por el PSN, Ramón Alzorriz, ha mantenido su postura de no recurrir la sentencia, al tiempo que ha insistido en la idea del consenso ya planteada por Chivite. En concreto, ha señalado que «quizá ha llegado el momento de plantearse un pacto para el idioma para avanzar en su desarrollo sin politizarlo y que aleje el euskara de la confrontación».

Uxue Barkos, por Geroa Bai, ha puesto el acento en las repercusiones que tiene la sentencia desde el punto de vista del Gobierno, ya que «deja mermadas las facultades de la Administración para definir los méritos en las oposiciones». Ya por ese motivo, considera justificado recurrirla.

Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha pedido «autocrítica» al PSN por las posturas que ha venido manteniendo en relación al euskara en Nafarroa y ha puesto el acento en que si la Ley del Euskara «es la herramienta para recabar consenso, apuesta por eternizar la zonificación». Ruiz ha instado a Chivite a realizar una «política lingüística proactiva», frente al «paternalismo» hacia el euskara.

Ha denunciado de nuevo el carácter «surrealista» de la sentencia por la discriminación que supone para el euskara frente a las lenguas extranjeras y le ha planteado si le parece justo y si va a dar pasos para que algo así no se produzca. Además, ha recordado que la Administración «no es una agencia de colocación, sino que debe ofrecer servicios a la ciudadanía y esta tiene derecho a usar la lengua propia», lo que hace que el euskara tenga que ser valorado en las oposiciones.

Mikel Buil, Podemos, ha puesto de relieve las «cosas terribles» que sostiene la sentencia en cuestiones como la señalización o la papelería y ha recordado que en el origen de todo está «el problema de la Ley del Euskara».

Por último, Marisa de Simón, Izquierda-Ezkerra, también ha animado a recurrir la sentencia en vista de «los elementos contradictorios» que se aprecian en ella, como, por ejemplo, que las comunicaciones de la Administración en papel no deben ser bilingües y los formularios electrónicos, sí.

De Simón ha recordado que el decreto del euskara fue impulsado por el cuatripartito en la anterior legislatura por el «agravio comparativo respecto a la puntuación que se daba a otras lenguas en relación al euskara» y ha puesto el acento también en que «la sentencia no prohíbe que el euskara se considere como mérito».