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La Conaie rechaza el diálogo y llama a radicalizar la protesta

La Conaie, la influyente organización indígena que lidera las protestas contra los recortes del Gobierno de Lenín Moreno, rechazó ayer dialogar con el Ejecutivo y pidió al Ejército que le retire su apoyo al presidente, al tiempo que llamó a radicalizar las movilizaciones.

Poco después de que el Gobierno de Ecuador diera por finalizado «el intento de golpe de Estado» y anunciara la vuelta de Quito a la «normalidad», la principal organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), dio un portazo al diálogo abierto con el Ejecutivo para resolver la violenta crisis provocada por los recortes económicos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que deja en una semana cinco muertos y cientos de heridos en las manifestaciones. «Esto no para hasta que el FMI salga del Ecuador», subrayó.

Los indígenas y el Gobierno buscaban en las horas previas acercar posiciones con la mediación de la Iglesia católica y Naciones Unidas para poner fin a las protestas contra el «paquetazo» del FMI que disparó el precio de los combustibles.

«Estamos obteniendo los mejores resultados del diálogo con los hermanos indígenas», sostuvo la noche del miércoles el presidente, Lenín Moreno, que llevó el martes la sede del gobierno a Guayaquil –bastión de la derecha en Ecuador– acosado por las manifestaciones y volvió por unas horas a Quito para seguir el curso del diálogo.

Eso creía hasta que la Conaie dio un portazo al diálogo con el Ejecutivo. «Nada de diálogo con un Gobierno asesino», subrayó la organización en un comunicado firmado por su presidente, Jaime Vargas.

La Conaie se reivindicó como «la única voz oficial» de los indígenas ecuatorianos y calificó de «traidores» a quien tome la palabra en su nombre.

«Una fantochada»

La confederación indígena consideró que «el diálogo que plantea Lenín Moreno es una fantochada», e insistió en que solo se sentará a la mesa de negociaciones si el Gobierno recupera las subvenciones al combustible y cesa a los ministros de Interior y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, respectivamente. «Nada de diálogo con un Gobierno asesino hasta que se cumplan los mínimos requisitos», insistió.

El líder de la Conaie, que llamó a «radicalizar las acciones» mediante «bloqueos de vías y las tomas» de edificios públicos hasta que «el FMI salga de Ecuador», habló también frente a los indígenas concentrados en un coliseo de Quito, donde mantenían retenidos a ocho policías para exigir el fin de la represión, una acción que el secretario general de presidencia, José Briones, calificó de «secuestro».

«La clase empresarial, vendepatria y proimperialista», que apoya al Ejecutivo pretende «asegurar los préstamos del FMI para que sus deudas, su crisis, la paguemos la clase trabajadora, los indígenas y los sectores populares», alertó la Conaie.

Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público bajo el estado de excepción que impuso Moreno apenas comenzaron las protestas. Unos 74.000 militares y policías han sido desplegados en medio de esta crisis que castiga a la ya vapuleada economía ecuatoriana.

En la Amazonía la ocupación de pozos por manifestantes obligó a paralizar el transporte de petróleo a través del principal ducto, que bombea el 68% de la producción nacional (531.000 barriles por día).

Aun así, Moreno resiste respaldado por el mando militar, las gremios económicos más poderosos y la derecha política a la que se acercó después de romper con el expresidente Rafael Correa, devenido en su mayor adversario político.

La Conaie pidió ayer al Ejército que retire su apoyo a Moreno.

 

El descontento indígena

Los pueblos originarios encarnan el descontento social por las reformas económicas que impulsa Lenín Moreno en el marco de un programa de millonarios créditos destinados, según él, a salvar de la «debacle» a la dolarizada economía ecuatoriana tras años de «derroche, endeudamiento y corrupción» en el Gobierno de su antecesor, Rafael Correa. Entre los ajustes está la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina, lo que disparó las tarifas hasta en un 123%. Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para transportar sus productos y temen una escalada inflacionaria. GARA