El presidente estatal del PP, Pablo Casado, ha recurrido hoy a Euskal Herria para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Fiscalía que «centralice todos los casos» abiertos estos días en Catalunya en la Audiencia Nacional, el tribunal español de excepción.

Casado ha visitado este martes las instalaciones que la empresa Iberdrola en el barrio bilbaíno de Larraskitu, acompañando a la exministra Isabel García Tejerina, las cabezas de lista del partido al Congreso por Araba, Bizkaia y Gipuzkoa –Marimar Blanco, Beatriz Fanjul e Iñigo Arcauz, respectivamente–, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y la máxima representante del partido en Bizkaia, Cristina González, entre otros.

El líder del PP estatal ha argumentado que las acciones violentas en Catalunya tras la sentencia del «procés» han sido «algo más que disturbios porque, si no, el presidente del Gobierno en funciones no habría acudido ayer con 20 vehículos blindados, patrullas de la Guardia Civil», ni sus escoltas «llevarían armas largas» para salir del Hospital (uno de ellos decidió mostrarla a las cámaras sin reparo alguno).

«Estamos viviendo una organización, financiación y consumación de una kale borroka, como la peor que sufrimos aquí en el País Vasco», ha seguido Casado.

Por ello, ha insistido en dirigirse a Pedro Sánchez para decirle que con esa «kale borroka» se puede acabar utilizando procedimientos excepcionales (ha citado la Ley de Partidos) si se comprueban los vínculos que los CDR y Tsunami Democràtic puedan tener con los partidos independentistas.

Además, ha apostado por recurrir a la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, de forma que «estos violentos que siembran el caos en las calles de Barcelona, si son menores de edad, sus padres respondan por los daños».

«Con plena moderación»

A su juicio, «con plena moderación, se puede decir que hay que preservar el orden público a través de la aplicación de la Ley, que no es mucho pedir a un responsable político».

Sobre el rechazo del presidente catalán, Quim Torra, a las actuaciones violentas de manifestantes, ha afirmado que ha visto «condenas más creíbles, más firmes y con menos matices», y ha recordado que ha ido a marchas que, al final, han concluido en desórdenes públicos, ha llamado a «la desobediencia y la reincidencia», y ha emplazado a «tomar las calles para defender el derecho de autodeterminación» sin reconocer la sentencia del Tribunal Supremo, al igual que ha dicho que han hecho PNV y EH Bildu.