El lehendakari Iñigo Urkullu se preguntaba el lunes por qué ningún partido español iba a denunciar la voluntad de Vox de ilegalizar al PNV. Utilizando su cargo y la radiotelevisión pública, el lehendakari entraba en campaña de una manera un tanto obscena. Con solemnidad y con ventajismo. Pero ese es otro tema.

El problema de plantear este tipo de preguntas al aire en plena campaña es que, si cambia el viento, acabas mojado. Hoy, cabe preguntarle al lehendakari Urkullu por qué no comenta que su socio de Gobierno, el PSOE, anunció anoche en prime time que impulsará tipificar como delito la celebración de referéndums. Es decir, que recuperará una ley que José María Aznar decretó contra el denominado Plan Ibarretxe, ley que paradójicamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tumbó más adelante.

Así, un Pedro Sánchez que está en minoría y no tiene ni Gobierno ni suma plausible para lograrlo, aparece como el Aznar más españolista y arrogante de la mayoría absoluta. Y parece evidente que el PNV se enteró al mismo tiempo que el público en general y un sorprendido Pablo Casado en particular, que al menos tuvo los reflejos de recordarle el copyright de esta propuesta punitiva.

Alguien pensará que Urkullu puede no darle importancia a esta propuesta del PSOE. Se puede argumentar en este sentido. Es notorio que Urkullu no comulga con Ibarretxe. Lo dejó claro en el libro “Memorias de Euskadi”, de la periodista María Antonia Iglesias: «Mi relación con Ibarretxe la vivo con muchas dificultades. Hay muchos días en que tengo que hacer actos de fe para que sigamos unidos y tengamos una mínima cohesión para salir dignamente de esta situación de cara al futuro». También es sabido que a Urkullu no le gustan las consultas populares. Lo ha dicho de todas las manera posibles, pero es que además, cuando tuvo oportunidad de hacerlo en su pueblo dentro de la dinámica de Gure Esku Dago, decidió no votar. La consulta que supuestamente le gustaría a él –prometió una para refrendar un nuevo estatus en 2015–, no tiene ni fecha ni perspectivas tras dos legislaturas.

Pero esta nueva propuesta de tipificar como delito votar, salga adelante o sea un globo sonda, va más allá de las preferencias particulares u obsesiones del lehendakari Urkullu. Establece las dimensiones de la jaula que tiene una hipotética reforma política en España; marca los límites del debate político en el Estado español. El PNV decidió legítimamente no estar hace una semana en la Declaración de Llotja de Mar. El problema es que fuera de ahí cada vez queda menos aire democrático para respirar políticamente.

Claro que el PNV tiene aguante suficiente –y un buen chubasquero comunicativo– como para mirar impasible, decir que está lloviendo y seguir para adelante. Pero lo que no va a poder defender es que ese escenario que tiene delante, el Estado español, es Pagasarri un día soleado de invierno. España es un vertedero político, y no es solo por Vox.