La secuencia del miércoles bien podría servir de guión para un capítulo de cualquier serie de moda sobre conspiraciones políticas. A primera hora de la mañana, el candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, hizo unas declaraciones poco prudentes pero no falsas, en las que en estilo indirecto reconocía que la Fiscalía está a las órdenes del Gobierno en un tema de Estado como Catalunya. No parece más escandaloso, desde luego, que cuando el responsable del PP en el Senado tuiteó que el presidente del tribunal del «procés» (Manuel Marchena, un juez y no un fiscal) es uno de los suyos. Pero a cuatro días de las urnas todo vale, así que la Asociación de Fiscales, de mayoría derechista, salió a la palestra para pasar factura a Sánchez.

Eso ocurrió a mediodía, cuando ya empezaban a circular algunas filtraciones sobre la declaración de dos de los siete CDR detenidos el 23 de setiembre, en las que se insistía en vincularlos con el president, Quim Torra. Como eso se lleva diciendo desde la misma redada, no levantó mucha polvareda. Pero entrada ya la tarde el guión siguió engordando con nuevas subtramas, cuando los tribunales británicos anunciaron que ni siquiera activaban la euroorden del Supremo español contra la exconseller Clara Ponsatí por «desproporcionada». La derecha elevó el tono contra Sánchez, incidiendo en que su confesión de la sumisión de la Fiscalía va a poner las cosas más difíciles en Europa. Como si hasta ahora Reino Unido, Bélgica o Alemania hubieran seguido a pies juntillas los encargos de Madrid...

Fue entonces, avanzada ya la tarde, cuando alguien le dio al «play» del vídeo que reproduce la declaración de los CDR en la Audiencia Nacional. Es algo en teoría prohibido pero que ocurre en ocasiones puntuales, en función de las necesidades del Estado o del Gobierno de turno. Escuchar que Torra conocía planes para ocupar el Parlamento resultaba suficientemente jugoso para que el ventilador de las clocas pasara a soplar hacia el Palau de la Generalitat, incluso en medios como ETB. Prestando atención, lo que se oye es que se trataba de un plan de ocupación pacífica, por lo que criminalizar a Torra por ello vuelve a sonar «desproporcionado» como admite hasta el presidente extremeño Fernández Vara, pero al menos la atención ya estaba redirigida hacia otro objetivo. A todo esto, solo los medios catalanes que han devorado el sumario ponen el foco en lo realmente relevante si el caso quiere derivarse a «terrorismo»: la Guardia Civil no halló ningún explosivo en la operación.

Los partidos catalanas dicen ver objetivos «electoralistas» en la filtración del vídeo, pero resulta dudoso cuando Quim Torra no es candidato este domingo y cuando la maniobra es tan burda que solo va a aumentar la indignación entre el independentismo catalán. No pasa desapercibido, de paso, que esas declaraciones judiciales utilizadas por el Estado son las realizadas por los dos detenidos (sobre siete en total) a quienes no se permitió abogado de confianza. Uno de ellos pasó entre rejas tres semanas hasta poder recibir su visita.

Falta saber quién apretó el «play» del vídeo, el botón del ventilador. Pero no parece estar lejos de Moncloa cuando Pedro Sánchez se apresuró ayer a reclamar a Quim Torra que aclare en el Parlament si tiene vínculos con los detenidos en la llamada «Operación Judas» (el maniqueísmo e infantilismo de la Guardia Civil no tienen límites).

Con todo, los capítulos de cualquier serie, por mediocre que sea, suelen acabar en bucle. Y la secuencia del candidato y los fiscales sigue sin cerrarse: desde Euskal Herria, el propio cabeza de lista por Gipuzkoa, Odón Elorza, le recomendó una rectificación.

Que la Justicia española hace política a diario es una vieja evidencia, pero la utilización electoral pocas veces había quedado tan patente, señal inequívoca de que hay nervios, muchos nervios. Ante el domingo y ante la deriva catalana.