La comisión ha celebrado este miércoles, en el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbo, su reunión ordinaria anual. El objetivo de esta sesión ha sido abordar diferentes temas de interés para las políticas lingüísticas de sus respectivas comunidades, así como diseñar y coordinar acciones conjuntas de promoción de sus lenguas propias. En esta sesión, los gobiernos de las seis comunidades con lenguas cooficiales han acordado una declaración en la que subrayan su «compromiso de seguir trabajando por una política lingüística eficaz».

Entre los temas tratados en la reunión han estado el próximo informe de seguimiento de la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias; la habilitación directa de traductores jurados o las solicitudes de traducción al Ministerio de Política Territorial y Oficina de las Lenguas del Gobierno español; y la Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística (NPLD, en las siglas en inglés), en la que participan conjuntamente los gobiernos.

También se han abordado asuntos como el Plan de impulso de las tecnologías del lenguaje y otros proyectos europeos; los Premios Arquímedes del Ministerio de Educación y Ciencia; el Premio a la Promoción de la Realidad Plurilingüe del Estado, que conceden los gobiernos en el marco del Protocolo; o el plan de trabajo conjunto para el año 2020.

En el mismo acto, los representantes autonómicos han hecho pública la 'Declaración de Bilbo', en la que recuerdan que «comparten la perspectiva de multilingüismo, respeto mutuo y acción decidida en favor de las lenguas en situación de mayor debilidad».

El texto destaca que los gobiernos con lenguas propias, «desde diversas sensibilidades y opciones políticas, actuamos desde el convencimiento de que la convivencia entre las lenguas y sus hablantes, su mutuo conocimiento y reconocimiento, así como el enriquecimiento recíproco, son valores del más hondo calado democrático».

Asimismo, han reivindicado el compromiso de sus respectivas instituciones de «seguir trabajando por una política lingüística resuelta y eficaz, construida sobre el acuerdo y con la convivencia lingüística y social como norte».

El año 2007, el Gobierno de Gasteiz, la Generalitat de Catalunya y la Xunta de Galiza firmaron el Protocolo General de colaboración en materia de política lingüística, al que posteriormente se adhirieron el Govern de Illes Balears y, en 2017, la Generalitat Valenciana y del Gobierno de Nafarroa.

El protocolo fija un marco general y una metodología para el desarrollo de la colaboración mutua en materia de comunicación, el intercambio de información relativa a estudios e investigaciones para el seguimiento de la evolución sociolingüística, la difusión de sus publicaciones electrónicas, los pasos dados en el ámbito de los derechos lingüísticos y las experiencias de implantación de planes lingüísticos.

En lo relativo a la protección y uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la Administración del Estado y de la UE, según el texto, se promoverá que estos adopten medidas y acciones normativas y que se posibilite el uso de las lenguas oficiales distintas al castellano en sus instituciones.

Otros aspectos incluidos son el ámbito socioeconómico, la enseñanza, las tecnologías de la información y la comunicación, el uso social de la lengua o su difusión internacional.