Irungo Harrera Sarea, que en lo que va de año ha atendido a más de 2.100 migrantes, busca hogares para la acogida de urgencia ante el aumento de las expulsiones ilegales y la imposibilidad de acceso al dispositivo público.

IHS indica que la primera consecuencia de las expulsiones ilegales de migrantes que ya habían pasado por Irun es que ya no pueden acceder al dispositivo de estancia en este lado de la muga, aun habiendo plazas libres, al haber hecho uso del mismo en un primer momento.

En este sentido, no hay prevista ninguna ampliación de los plazos de estancia en el albergue de Irun, independientemente de la estación del año, condiciones climatológicas u otros factores que empeoren aún más la migración de estas personas.

Ello obliga a Irungo Harrera Sarea a poner en marcha una campaña para poder asegurar una estancia de urgencia para migrantes en hogares de la comarca.

Llamamiento a la gente

«Hacemos un llamamiento a quienes dispongan de sitio en sus viviendas a ponerlas a disposición de las personas migrantes a las que no se les permita el acceso al dispositivo institucional», ha declarado Irungo Harrera Sarea.

«La acogida en hogares particulares sería siempre de estancias cortas. No se trata de buscar un recurso habitacional de larga estancia. Simplemente se busca articular una red solidaria de viviendas disponibles por unos días para una situación de urgencia», ha añadido.

Irungo Harrera Sarea quiere denunciar un incremento de las expulsiones ilegales por parte del Estado francés en las últimas semanas. El hecho coincide con la presentación de una serie de medidas restrictivas en materia de inmigración y asilo por parte del Gobierno galo el pasado seis de noviembre.

Coincidencia o implementación de las mismas, IHS ha atendido este mes a más personas expulsadas de manera ilegal desde el Estado francés, es decir, sin cumplir los procedimientos marcados por la legislación y que garantizan unos derechos mínimos a las personas migrantes.

Entre las medidas anunciadas por París está la apertura de un nuevo CIE en Burdeos. «Conociendo las vulneraciones que se dan en estas cárceles encubiertas para personas que no han cometido delito, no nos parece una medida que busque garantizar los derechos de los y las migrantes», concluye la red de solidaridad.