Un tribunal militar condenó anoche al presidente de Surinam, Desi Bouterse, a 20 años de cárcel por su implicación en las ejecuciones, en 1982, de 15 opositores a su Gobierno militar de entonces. Nada más conocerse la sentencia la oposición pidió la dimisión de Bouterse, quien se encontraba en China y hoy tenía previsto viajar a Cuba.

La sentencia pone fin a un larguísimo proceso que culminó con el veredicto de un jurado compuesto por tres magistrados, quienes, no obstante, no emitieron una orden del arresto contra Bouterse hasta que agote la vía de los recursos. Su abogado, Irvin Kanhai, ha asegurado que se trata de un veredicto político y ya ha puesto en marcha el proceso de apelación.

El abogado de los familiares de los quince opositores ejecutados, Hugo Essed, ha indicado que Bouterse debe renunciar a su cargo de forma inmediata tras la condena, por unos hechos sobre los que el presidente de Surinam pidió en el inicio del juicio, en 2007, disculpas y aceptó «responsabilidad política», aunque negó su implicación directa.

El Gobierno ha indicado en un comunicado que toma nota de la decisión adoptada por la Justicia militar y ha llamado a la calma en la excolonia neerlandesa de poco más de medio millón de habitantes vecina de Brasil y de las dos Guayanas que se independizó en 1975.

En febrero de 1980 Bouterse encabezó un golpe de Estado, conocido como la «Revolución de los Sargentos», que derrocó el Gobierno de Henck Arron y le situó como hombre fuerte del país.

Después de incidentes violentamente reprimidos por los militares, el 8 de diciembre de 1982 fueron ejecutados 15 opositores al régimen militar en el Fuerte Zeelandia, en la capital, Paramaribo, hecho que la acarreado la condena dictada ayer a Bouterse.

Más de una década

El proceso judicial se dilató durante más de una década debido al entorpecimiento de Bouterse, que después de ser elegido presidente de Surinam en 2010 aprobó una ley de amnistía declarada finalmente inconstitucional, y después de ser reelegido en 2016 ordenó a la Fiscalía la interrupción del proceso en nombre de la seguridad nacional, medida también rechazada por la Justicia.

Su relación con los tribunales no es nueva, ya que en 1999 fue condenado, en ausencia, a 11 años de cárcel por un tribunal de Países Bajos por tráfico de drogas, aunque no pudo ser extraditado porque lo impedía la ley de Surinam.