Alfredo de Miguel, condenado a 13 años y 3 meses de prisión; Koldo Ochandiano, 7 años y 6 meses; Aitor Telleria, 6 años y 6 meses; Xabier Sánchez Robles, 7 años y 1 mes; e Iñaki San Juan, 5 años y 3 meses, podrán pasar la Navidad en libertad. La Audiencia Provincial de Araba ha desestimado la petición de la Fiscalía de que los cinco principales condenados por este caso fueran encarcelados de inmediato. La condena no es firme porque está pendiente de la resolución de los recursos que sus abogados han anunciado que presentarán ante el Tribunal Supremo.

Deberán someterse, eso sí, a unas medidas cautelares. Se les ha prohibido salir del Estado español, han de entregar el pasaporte y comparecer cada quince días ante los juzgados.

La Audiencia Provincial había convocado a estos cinco condenados a las 9.30 de la mañana. También a otros dos, los empresarios Josu Montes, condenado a 4 años y 4 meses, e Iñaki Echaburu, 2 años y 5 meses, para los que la Fiscalía no pedía el ingreso en prisión, sino tan solo medidas cautelares.

Los condenados han llegado a los juzgados de Gasteiz sin hacer declaraciones y alguno de ellos ocultando su rostro. La vistilla ha durado hasta las 11.15. La deliberación del tribunal ha sido breve, de apenas un cuarto de hora, lo que da la impresión de que los jueces tenían clara su decisión.

Asociación ilícita conectada por el PNV

La sentencia del ‘Caso De Miguel’ se hizo pública el martes por la mañana. Doce imputados fueron condenados a prisión, tres a multas e indemnizaciones y once fueron absueltos. La decisión judicial describe una «trama destinada a cobrar comisiones», una «asociación ilícita» cuyos principales protagonistas están ligados por su pertenencia al PNV, partido en el que obtuvieron cargos internos o que les llevó a cargos públicos.

El tribunal apunta entre los hechos probados que «dicha red societaria y personal estaba dirigida, básicamente, a obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el partido en el que militaban (PNV); [...] solicitar y obtener el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos (a través de las mercantiles Kataia y Errexal); y solicitar y obtener el pago de cantidades dinerarias con base en negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la realidad, enmascarando el pago de comisiones». Y advierte de que «las actividades de tal entramado u organización se llevaron a cabo actuando de común acuerdo, en conjunto o en colaboración con otros encausados».