Se han reanudado las tareas destinadas a romper casi tres años de estancamiento político en el norte de Irlanda, con el Gobierno inactivo desde enero de 2017. Los partidos tienen hasta el 13 de enero para llegar a un acuerdo o se podrían convocar unas nuevas elecciones.

El Sinn Féin incluye entre sus reivindicaciones una ley que reconozca los derechos del gaélico irlandés como idioma. Su principal negociador, Conor Murphy, ha asegurado tras los contactos de este jueves que ve posibilidades de que haya «un empujón final» para que las partes se pongan de acuerdo, en la medida en que considera que «no hay necesidad de seguir caminando por el cable».

Por su parte, el diputado del DUP Sir Jeffrey Donaldson ha señalado que las conversaciones habían sido «constructivas», pero que las partes deben evitar «una solución rápida». «Creo que todas las partes están dispuestas a llegar a un acuerdo. Por nuestra parte, el DUP está absolutamente decidido a hacer esto bien». Sin embargo, ha subrayado que las partes y los gobiernos de Dublin y Londres, mediadores en las negociaciones, no estaban en condiciones de publicar un borrador de texto de acuerdo y que no acordarían un acuerdo debido a la fecha límite inminente.

Unionistas y republicanos deben ponerse de acuerdo antes del 13 de enero, ya que de lo contrario se convocarán nuevas elecciones. Si bien eso también ha sido una advertencia de los secretarios de estado en anteriores negociaciones, los medios locales coinciden al apuntar que esta vez no parece ser una amenaza sin fundamento.

Desde el colapso de Stormont, los funcionarios públicos han estado ejecutando las operaciones diarias, pero han necesitado que Westminster apruebe alguna legislación para algunas áreas sobre las que no tienen poder. En julio, el Gobierno extendió una ley que brinda flexibilidad a los funcionarios públicos para tomar ciertas decisiones, pero que expira el 13 de enero de 2020.