El Consejo General del Poder Judicial examina este jueves la candidatura de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a fiscal general del Estado. El llamado «máximo órgano de control de la Judicatura» (en realidad una cúpula política por su método de designación) emitirá un dictamen que no es vinculante, pero que dará gasolina a la derecha para prender más fuego contra el Ejecutivo Sánchez. Y es que, visto lo ocurrido el miércoles tarde, todo lo que sea una posición contraria a Delgado resultará sorpresa.

Dolores Delgado es fiscal desde 1989, ha dirigido el Ministerio Fiscal en Catalunya y también en la Audiencia Nacional, además de haber sido vocal del Consejo Fiscal. Queda claro que no es una intrusa ni una incompetente, por lo que el CGPJ tendrá que esmerarse para justificar falta de idoneidad. Pero lo que la mayoría conservadora no acepta, aunque resulte absurdo, es que Pedro Sánchez haya optado por una persona de su confianza. Ya resultó irrisoria la polémica levantada hace dos meses cuando en una entrevista radiofónica Sánchez insinuó, solo insinuó, que la Fiscalía depende en última instancia del Gobierno... como si no hubiera sido así en todos los gobiernos del PP...y como si la Fiscalía General no la designara el presidente de turno.

De momento, el CGPJ ha preferido cargar contra la pieza que parece considerar más débil del nuevo Ejecutivo: Unidas Podemos en lugar del PSOE. Una declaración de Pablo Iglesias sin mayor trascendencia y que de hecho había pasado desapercibida motivó este miércoles una reacción insólita de la cúpula judicial.

En una declaración institucional, el CGPJ instó a Iglesias a «prudencia, mesura y responsabilidad» por haber tildado de «humillación» las ya numerosas resoluciones europeas contra sentencias españolas. Decisiones estatales de la importancia política del encarcelamiento de Oriol Junqueras pese a su inmunidad, los 31 años de cárcel impuestos injustamente a Arnaldo Otegi y sus compañeros, o anteriormente la «doctrina Parot» que estiró condenas indebidamente hasta seis años (por no citar la decena relativas a la tortura) han sido anuladas por Estrasburgo o Luxemburgo. Pero lejos de hacer autocrítica por ello, el CGPJ carga contra quien ha puesto el dedo en la llaga.

Moncloa ha sostenido el pulso con un comunicado que apela «a la libertad de expresión» y «el derecho de crítica». Y que va más allá recordando al Consejo que tiene pendiente una renovación bloqueada por la derecha para así mantener su mayoría. No pasa el escalón de declaraciones institucionales, pero es el primer asalto del «Vietnam» que ya preveían en privado cargos del PSOE en el frente judicial. Quienes prefieren evitar referencias bélicas usan un término más suave pero similar en el fondo, augurando un «sabotaje» continuo. Todo recuerda demasiado a cómo se combatió desde esa Judicatura el proceso de negociación Zapatero-ETA/PSOE-Batasuna entre 2005 y 2007.

El choque del Poder Judicial con el Ejecutivo marcará sin duda el futuro del Gobierno Sánchez, porque implantar otra línea en Catalunya –como intentó Zapatero en Euskal Herria entonces– exige desjudicializar cuestiones políticas, superar ese sabotaje continuo. Aunque hablar de colisión entre dos poderes tampoco sería ajustado a la realidad, porque quien está tras el judicial es la derecha, son políticos contra políticos.

Por si hicieran falta pruebas a estas alturas, lo delató aquel watshapp de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, cuando explicó a sus compañeros hace un año que «ha sido una jugada estupenda, controlaremos desde atrás la Sala Segunda del Supremo» al certificarse que Manuel Marchena dictaría la condena del «procés».

El CGPJ no tuvo nada que decir.