La Fiscalía Superior abrió en noviembre de 2019 diligencias a Torrent por desobediencia, por no acatar la orden del Constitucional que le impedía tramitar resoluciones que apelaban al derecho de autodeterminación.

Por el momento, la Fiscalía Superior de Catalunya no ha recibido ninguna notificación respecto de la decisión del Constitucional del pasado martes, cuando acordó deducir testimonio ante el Ministerio Público para que informe de si Torrent incurrió en un delito de desobediencia al admitir a trámite el 22 de octubre una propuesta que reiteraba la autodeterminación y la reprobación de la monarquía.

Según las fuentes consultadas por Efe, si la Fiscalía General del Estado remite este caso a la Fiscalía Superior de Catalunya, se podría acumular esta denuncia a las diligencias que Torrent ya tiene abiertas por desobediencia desde noviembre del pasado año.

El pasado 12 de noviembre, el Parlament aprobó una moción en la que expresaba su «voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación» y, casi en paralelo, el Constitucional acordó anular la admisión a trámite de esta resolución y advirtió a Torrent del riesgo de desobediencia.

La moción, una iniciativa de la CUP, se aprobó gracias al apoyo de JxCat y ERC. Los Comunes se abstuvieron, mientras que Ciudadanos –que abandonó el hemiciclo–, PSC y PPC no participaron en la votación.