El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha hecho referencia esta mañana al último informe de inspección ambiental elaborado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Lakua sobre el vertedero de Zaldibar, donde el jueves se produjo un derrumbamiento. Según ha informado Casanova, el informe, del pasado mes de noviembre, constató «incumplimientos muy graves» de la normativa ambiental, lo que obliga a Lakua a explicar qué medidas aplicó para corregir las irregularidades detectadas.

A juicio de EH Bildu, «el informe demuestra con claridad que estamos hablando de un vertedero cuya gestión no ha respondido a los estándares de calidad exigibles y donde el cumplimiento efectivo y riguroso de las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada ha brillado por su ausencia». El informe también prueba que el Gobierno de Lakua era plenamente consciente de esos incumplimientos, y eso hace indispensable que su Departamento de Medio Ambiente aclare al detalle si puso en marcha medidas de seguimiento y control o si abrió expediente sancionador a la empresa titular del citado vertedero para garantizar el cumplimiento de la normativa.

EH Bildu registrará en el Parlamento de Gasteiz una batería de iniciativas con ese objetivo, dado que, aunque el plazo máximo de 30 días otorgado a la empresa concluyó hace semanas, el informe que debía certificar la corrección de los incumplimientos no se ha publicado, un indicador más de la escasa capacidad de Medio Ambiente para hacer cumplir las autorizaciones ambientales integradas en los vertederos.

En concreto, el informe del Servicio de Inspección Ambiental constató el grado más bajo de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada y certificó, literalmente, que «existe algún incumplimiento clasificado como significativo/severo o un cúmulo de incumplimientos» en lo relativo a licencias y autorizaciones, protección del agua, residuos y condiciones específicas de vertederos. El informe, cuya importancia ha recalcado Iker Casanova, tiene fecha de 4 de noviembre de 2019 y requiere a la empresa titular del vertedero a que en un plazo máximo de 30 días acredite la corrección de las irregularidades detectadas.