Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil(PNC), el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, irrumpió el domingo en el Congreso salvadoreño para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las maras, llamando, incluso, a la insurrección popular.

Los militares y policías ocuparon la sede de la Asamblea Legislativa a donde llegaron miles de personas coreando el lema «¡Insurrección, insurrección, insurrección!».

Bukele dio inicio a una sesión extraordinaria sobre un préstamo para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial, lanzado en junio del año pasado, pero la asamblea no pudo ser posible por la falta de quórum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84 que componen el Parlamento.

El presidente derechista ocupó el asiento del presidente del Congreso, Mario Ponce –que no acudió a la convocatoria– desde donde dirigió una oración, y luego salió del salón legislativo para dirigirse a la gente que se concentró en el exterior.

Ultimátum de una semana

Bukele subrayó que si hoy los diputados, convocados a sesión plenaria, «no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución».

Dicho artículo reconoce «el derecho del pueblo a la insurrección», para «restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución».

«Yo les pido paciencia, si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana la Fase 3 del Plan Control Territorial nos volvemos a convocar aquí el próximo domingo», arengó Bukele a los congregados.

«Ningún pueblo que haya ido en contra de Dios ha triunfado, una semana más, señores, una semana», amenazó, para añadir que «ahora sabemos que los diputados, que no quieren aprobar el dinero para la seguridad de los salvadoreños, negociaron con las pandillas y les dieron dinero para que compraran armas», en referencia al partido Arena y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Golpe de Estado

El secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, acusó a Bukele de fomentar un golpe de Estado y advirtió de que esto traería «graves daños colaterales». «Si tu crees que la confrontación y los golpes de Estado no traen graves daños colaterales estás equivocado (...) venimos de un conflicto (armado) largo y amargo para retroceder", recordó el dirigente de la antigua guerrilla.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, ha condenado el «ostentoso» despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa y ha señalado que esto «nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país».

«El presidente Nayib Bukele debe resguardar el importante legado de los acuerdos de paz», ha insistido.

Guevara Rosas ha recordado que el Gobierno y la Asamblea Legislativa «deben asegurar que sus decisiones se tomen respetando las normas nacionales e internacionales, sin poner en riesgo la institucionalidad que debe estar al servicio de los derechos humanos de todas las personas sin distinción».

«El pueblo salvadoreño no se merece revivir los años de tragedia y abuso estatal», ha sentenciado.